Señor Presidente,
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha decidido renunciar a la organización en Colombia de su XXXV Congreso Mundial, que se realizaría en Bogotá entre el 17 y el 22 de febrero de 2004, por considerar que el gobierno que usted preside no ofrece las garantías necesarias ni para nuestro encuentro mundial ni para la defensa de los derechos humanos en general.
La decisión de la FIDH se produce después de un prolongado silencio frente a la carta abierta que le dirigimos el pasado 19 de septiembre de 2003, en la cual solicitábamos una clarificación y rectificación de sus discursos del 8 y 11 de septiembre en contra de los defensores de derechos humanos. Dicha clarificación era indispensable, entre otras condiciones, para garantizar la posibilidad de realizar nuestro Congreso mundial en Bogotá.
Sin embargo, usted no ha considerado pertinente responder a este correo, ni a la comunicación enviada el pasado 1º de octubre, en la que reiteramos nuestra solicitud. En consecuencia, nos encontramos obligados a interpretar la ausencia de respuesta como una confirmación implícita de sus declaraciones, totalmente incompatibles con la organización del Congreso mundial de la FIDH en Colombia.
Rechazamos una vez más y en forma vehemente sus afirmaciones sobre los defensores de derechos humanos colombianos, mediante las que usted acusó a cerca de 80 ONG nacionales -entre las cuales se encuentran las tres ligas colombianas afiliadas a la FIDH- de ser "escritores, politiqueros, traficantes de derechos humanos" y "defensores del terrorismo", palabras de las que usted aseguró estaba dispuesto a rectificarse por el "tono" mas no por su contenido, hecho que para la FIDH resulta insuficiente frente a la gravedad de los señalamientos realizados.
Recientemente, en una entrevista para la Revista Diners de Colombia (número 403 de octubre de 2003) usted se reafirmó en el contenido de su discurso, y aseguró que incluso después de leerlo lo encontró "necesario". Por esta razón, la FIDH encuentra no sólo necesario sino también urgente pedir el concurso de la comunidad nacional e internacional para evitar que la estigmatización en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia redunde, como ha sucedido durante los últimos meses, en más y mayores actos de violencia y criminalización contra las ONG.
Sus palabras se sumaron a una larga serie de medidas que el gobierno que usted dirige ha anunciado o tomado durante los últimos catorce meses, muchas de ellas contrarias a los compromisos suscritos por el Estado colombiano ante la comunidad internacional y a la propia Constitución Política de Colombia.
Entre ellas, cabe enumerar su negativa a cumplir el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenaba suspender las fumigaciones aéreas; la eliminación del estatus político como condición para adelantar diálogos de paz; la mal llamada propuesta de "alternatividad penal" con la cual se favorecería con excarcelación a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad en su país; los allanamientos sin orden judicial y el empadronamiento en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación que estuvieron vigentes hasta mayo pasado; el involucramiento de civiles en el conflicto armado mediante las redes de cooperantes e informantes y el programa de soldados campesinos; así como el llamado Estatuto Antiterrorista que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso de la República, cuyo articulado propone graves limitaciones a las garantías fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos colombianos, tales como el otorgamiento de facultades de policía judicial a las fuerzas militares.
De igual manera, durante su gobierno se han presentado diversos intentos por restringir las garantías fundamentales consagradas en la Constitución de 1991, a través de proyectos legislativos con los que se busca autorizar el uso de armas de guerra por parte de civiles y revivir así las Convivir; limitar los alcances de la acción de tutela y recortar facultades a la Corte Constitucional; establecer un fuero disciplinario para la Fuerza Pública; y coartar la autonomía de las ONG.
No obstante nuestra decisión, la FIDH anuncia y convoca a la puesta en marcha de un Plan por los Derechos Humanos en Colombia y reafirma su total solidaridad con las organizaciones de defensa de derechos humanos en ese país, así como su pesar por el reciente asesinato de Esperanza Amaris Miranda en Barrancabermeja, el cual sucedió semanas después de que el Bloque Central Bolívar de las AUC reprodujera y alabara sus acusaciones. La FIDH expresa su respaldo y acompañamiento a las miles de personas hoy detenidas en su país por ejercer la oposición desde el liderazgo público, sindical, social, popular, campesino o estudiantil, hecho que les ha generado la asimilación con grupos guerrilleros.
Pese a este cambio de sede, Colombia continuará siendo considerada el país anfitrión de nuestro XXXV Congreso, que ha debido desplazarse por razones de fuerza mayor hacia otro país de América Latina. Consideramos que usted es el único responsable de la decisión de no organizar nuestro Congreso mundial en Bogotá, pues sus reiteradas acusaciones en contra de las organizaciones no gubernamentales colombianas y las medidas tomadas por su gobierno son inconciliables con la causa que nos convocará durante la reunión trienal que reunirá a defensores de derechos humanos de los cinco continentes.
Finalmente, manifestamos a usted que pretendemos continuar expresando nuestra solidaridad con la sociedad civil colombiana de manera concreta, mediante iniciativas y acciones que la FIDH adoptará en las próximas semanas.
Con profundo pesar, me despido muy respetuosamente,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH