El Observatorio denuncia que el 13 de septiembre de 2006, en la ciudad de Arauca, fue asesinado el Sr. Gregorio Izquierdo Meléndez, integrante principal de la Junta Departamental del CPDH en Arauca, y Presidente del Sindicato de las Empresas Públicas de Arauca (SINTRAEMSERPA) (ver Llamado Urgente OBS 022/0906/110 emitido el 15 de septiembre de 2006).
El Observatorio recuerda que desde el año 2002, el Sr. Gregorio Izquierdo Meléndez venía siendo víctima de amenazas, particularmente por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que le ordenaron varias veces, a través de panfletos (volantes) y llamadas telefónicas, que saliera de la ciudad si no quería convertirse en uno de sus objetivos militares (ver Informe Anual del Observatorio año 2004). A pesar de las medidas cautelares de las que beneficiaba el Sr Gregorio Izquierdo Meléndez y aunque las amenazas fueron denunciadas oportunamente ante la Policía de Arauca y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, las autoridades municipales, departamentales y nacionales nunca otorgaron al Sr. Izquierdo Meléndez la seguridad adecuada.
El Observatorio teme que el asesinato del Sr. Gregorio Izquierdo Meléndez se encuentre estrechamente relacionado con su lucha por la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores, y que tenga por objeto presionar a los demás miembros del CPDH y de SINTRAEMSERPA a abandonar su lucha en defensa de los derechos humanos.
El Observatorio se encuentra particularmente preocupado debido a que, desde su fundación en 1979, el CPDH ha estado totalmente desprotegido por las autoridades, y entre otros hechos violatorios en su contra ha sufrido el asesinato de 64 de sus miembros directivos, entre ellos el del Sr. Carlos Bernal, abogado y secretario ejecutivo de la sección del Norte de Santander el 1 de abril de 2004 (ver Informe Anual 2004, Comunicado de Prensa del 06/04/04 y Llamado Especial Colombia de diciembre 2003 - abril 2004).
El Observatorio recuerda además que varias seccionales del CPDH, incluyendo la del Norte de Santander y del Atlántico, anteriormente fueron allanadas y casi desmanteladas y que la mayoría de sus miembros tuvieron que huir de estas regiones a causa de las amenazas recibidas. Asímismo, uno de los miembros de la seccional del CPDH en el Valle del Cauca, el Sr. Walter Álvarez Ossa, se encuentra desaparecido desde el 16 de agosto del 2006. El Sr. Alvarez Ossa había sido amenazado, en febrero de 2006, a través de un volante en el cual los autores se identificaron como miembros de las AUC (Ver Llamado Urgente COL 020/0806/OBS 103 del 31 de agosto de 2006).
Recientemente, el 2 de agosto de 2006, poco antes de la posesión presidencial para el segundo mandato del Sr. Uribe Vélez, la sede del CPDH en Bogotá, fue objeto de una inspección ilegal de la policía, quien tomó los nombres de los miembros del CPDH, aduciendo que el edificio donde se sitúa la sede les parecía "sospechoso" (Ver Llamado Urgente COL 020/0806/OBS 103 del 31 de agosto de 2006).
Durante los últimos días se han presentado actos de hostigamiento contra la Sra. Luz Adriana González Correa, Secretaria Ejecutiva de la Seccional del CPDH en Risaralda, al parecer a raíz de sus denuncias sobre delitos de "limpieza social" contra indigentes ocurridos recientemente en la ciudad de Pereira. Primero fue seguida durante sus desplazamientos en la ciudad y, posteriormente, comenzó a recibir llamadas telefónicas de un hombre que pretendía comprarle su apartamento, el cual en realidad no está en venta. Finalmente, durante el fin de semana pasado recibió llamadas telefónicas amenazantes. Ella ya había sido objeto de amenazas y hostigamiento durante el año 2004 (ver Informe Anual 2004).
Además, el 24 de agosto de 2006, la profesora Sra. Martha Sofía Castaño, hija del Sr. Guillermo Castaño Arcila, Presidente del CPDH en Risaralda, recibió amenazas por parte de desconocidos que la esperaron en la puerta de su colegio. En 2004, su padre había ya sido amenazado y hostigado varias veces sin que las autoridades hayan reaccionado, a pesar de que fuentes fiables atestiguaban la existencia de un complot para asesinarlo (ver Informe Anual 2004). La situación de seguridad del Sr. Guillermo Castaño Arcila es muy preocupante teniendo en cuenta que sus labores están relacionadas con las que realiza el Sr. Walter Álvarez Ossa, del CPDH, Valle del Cauca, quien se encuentra desaparecido (ver más arriba).
Por otra parte, el Sr. Luís Jairo Ramírez H., Secretario Ejecutivo del CPDH, fue también amenazado, durante el primer semestre de 2005, por un oficial del Ejército en Saravena, Arauca, por haberle escrito una nota al mismo exigiendo respeto del ejército al Derecho Internacional Humanitario (DIH), debido a que estaban obligando a los rectores de colegios a admitir a la tropa durante la izada de bandera de las instituciones educativas. Además, consecuentemente a estos hechos, habría sido presentada una demanda penal en contra del Sr. Luís Jairo Ramírez H., por una supuesta "complicidad con el terrorismo en contra de las instituciones patrias".
El Observatorio señala que el clima de serio hostigamiento en contra de los miembros del CPDH en todo el país se ha recrudecido a pesar de que desde febrero de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le concedió a la Junta Directiva del CPDH medidas cautelares de protección, que hasta la fecha y a pesar de la insistencia de sus miembros, no se han hecho efectivas.
El Observatorio reafirma su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Colombia y condena estas graves violaciones de los derechos fundamentales de los defensores de derechos humanos, en particular en este caso de los miembros del CPDH en todo el país, las cuales constituyen una violación flagrante de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. En particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (art.12.2).
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