Descripción de la situación:
El Observatorio ha sido informado por varias fuentes fidedignas sobre las torturas infligidas y la ejecución extrajudicial del Sr. Luis Eduardo Guerra Guerra, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso de creación y consolidación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Departamento de Antioquia. Durante los hechos ocurridos en cercanías de la vereda "La Resbalosa" también fueron ejecutados, su compañera Bellanira Areiza Guzmán, y a su hijo, Deiner Andrés Guerra, de 11 años de edad, al igual que el Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, otro miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos junto a los miembros de su familia.
De acuerdo con las informaciones, el Sr. Luís Eduardo Guerra Guerra, de 35 años de edad, fue detenido el 21 de febrero de 2005, hacia las 11h00 de la mañana, en el río Mulatos, por varias personas uniformadas que, según las denuncias, se identificaron como miembros de la Brigada XI (once) del Ejército. Según las informaciones, el Sr. Luís Eduardo Guerra Guerra se encontraba con su compañera Bellanira, su hijo Deiner y otro joven, aún no identificado, el cual, cuando los miembros del Ejército, según las denuncias, amenazaron con que "iban a llevárselos para asesinarlos", salió corriendo y logró huir.
De acuerdo con las informaciones, luego de detenerlos, los Sres. Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera y su hijo fueron llevados a la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, quien vivía allí con su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos: Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años de edad y Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años de edad. Según las informaciones, campesinos de la Vereda encontraron huellas de sangre y lo que al parecer era una fosa común y procedieron a remover un poco la tierra hasta encontrar un cuerpo mutilado que, al parecer, correspondería al niño Deiner Andrés Guerra ante lo cual decidieron informar sobre lo sucedido al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, ubicado en casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó (ver Llamado Urgente OMCT Caso COL 250205.COL 250205.CC sur quoi portait ce communiqué ).
De acuerdo con las informaciones, el día 25 de febrero de 2005 la Comunidad de Paz de San José de Apartadó organizó una comisión de verificación, que incluyó unas 100 personas de la comunidad, acompañada por miembros de la Corporación Jurídica Libertad, Brigadas Internacionales de Paz Peace Brigades Internacional (PBI), Fellowship Of Reconciliation y Concern America. Según las informaciones funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación también se trasladaron a la zona en helicóptero.
De acuerdo con las informaciones, la mencionada comisión judicial realizó la exhumación de una fosa común en la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, donde encontró los cadáveres de tres adultos despedazados y de dos niños de seis y dos años. Más tarde fueron encontrados otros tres cadáveres (correspondientes a dos adultos y un niño de once años) en las cercanías de la vereda La Resbalosa, los cuales fueron reconocidos por miembros de la comunidad como el de Luis Eduardo Guerra Guerra, con visibles muestras de tortura, y los de los miembros de su familia.
El Sr. Luis Eduardo Guerra Guerra era un conocido defensor de los derechos humanos y fundador de la Comunidad de Paz, quien redactó su reglamento interno , que consigna la prohibición total de las armas y de cualquier tipo de acto violento y en donde la Comunidad, el 23 de marzo de 1997, se declara neutral frente a cualquier de los actores del conflicto armado en Colombia. sin interesar su origen. En particular, el Sr. Guerra era desde hace tres años integrante y coordinador del comité de derechos humanos de la comunidad, representando a la población en el Encuentro de Comunidades de Paz, realizado en Italia en el 2003, y en múltiples ocasiones denunció amenazas de todos los grupos armados, amenazas que cobraron la vida de su primera esposa, quien murió el año pasado por la explosión de una granada que les dejaron en su vivienda.
El Observatorio condena dichos asesinatos y actos de tortura y vuelve a manifestar su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de las organizaciones colombianas e internacionales que apoyan a la misma.
la Corte Constitucional de Colombia había pedido medidas de protección a favor de dicha comunidad en marzo de 2004, en seguimiento de das por. El Observatorio recuerda que la Corte Constitucional de Colombia había pedido medidas de protección a favor de dicha comunidad en marzo de 2004, en seguimiento de medidas provisionales solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señala además que, durante el transcurso de casi ocho años de existencia, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido víctima de 330 violaciones de los derechos humanos mediante los cuales se ha pretendido atacar este proceso pacífico, disminuyendo su capacidad de acción. Entre los crímenes cometidos contra la Comunidad se cuentan varias masacres, más de 130 homicidios, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, amenazas, desplazamientos forzados, saqueos y destrucción de bienes pertenecientes a los campesinos que habitan la zona, delitos que en su inmensa mayoría, hasta el día de hoy, permanecen en una total impunidad.
El Observatorio recuerda también en estos momentos, la preocupante deriva de las autoridades a desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos humanos en esta comunidad, y particularmente a señalarlos como auxiliadores o simpatizantes de la guerrilla, convirtiéndolos así en blanco directo de los grupos paramilitares (ver Comunicados de Prensa del Observatorio del 12 de septiembre de 2003, del 2 de octubre de 2003 y del 12 de febrero de 2004 y ver también la Carta Abierta enviada al Presidente de la República de Colombia el 7 de junio de 2004).
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i.tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de la población en la región y en general de todos los habitantes de las Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de acuerdo con la Declaración de Cartagena de febrero de 2005, en la que el gobierno colombiano se compromete a "reforzar las medidas existentes de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor, instándole a mantener este compromiso en forma decidida";
ii.asegurar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, al máximo nivel por parte de la Fiscalía en torno a la ejecución extrajudicial de los Sres. Luis Eduardo Guerra Guerra y Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano y de los miembros de sus familias, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii.dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
iv.asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), y a la obligación del Estado de garantizar "la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art. 12.2) ;
v.de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones :
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55.
E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
S. E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente: E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1)222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: (+57 1) 336.03.11 Fax : (+57 1) 337.46.67. E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra-París, 1 de marzo de 2005