El Observatorio ha conocido que el 16 de diciembre de 2008, en horas de la madrugada, el Sr. Edwin Legarda fue víctima de un ataque armado por parte de miembros del ejército regular, cuando éste viajaba entre el municipio de Páez y la ciudad de Popayán, en el sitio conocido como San Pedro del Bosque, conduciendo una camioneta asignada al servicio de la mencionada líder. Según las denuncias, al cruzar por el lugar, el automotor recibió numerosos disparos desde varios ángulos y además los miembros del ejército que habrían cometido el ataque no auxiliaron al herido que salió del automotor aún con vida, pero con varios disparos en el pecho, los que causaron su muerte unas horas después.
Se teme que este atentado esté vinculado con las actividades de defensa de los derechos humanos de la Sra. Aida Quilcué y que haya sido, en realidad, dirigido en contra de ella, teniendo en cuenta que el vehículo tiene vidrios semipolarizados y no había forma de comprobar si ella viajaba allí o no. Además, el ataque fue perpetrado al día siguiente del regreso de la Sra. Quilcué de Ginebra, Suiza, donde participó como representante del CRIC y delegada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para denunciar, con ocasión del Examen Periódico Universal de Colombia por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las violaciones de derechos humanos de las cuales los pueblos indígenas son víctima. Este ataque mortal ha ocurrido también a pocos días del fin de la Minga Nacional de Resistencia Indígena en la cual la Sra Quilcué tuvo un gran protagonismo.
El Observatorio considera que, entre otras cosas, la justificación hecha por las más altas autoridades, incluyendo el Presidente, en el mes de octubre del 2008, de la represión de la Minga indígena [1] por parte las Fuerzas Armadas de Colombia, al afirmar que terroristas hubieran estado infiltrados entre los manifestantes podría constituir una fuerte incitación a cometer este tipo de crímenes [2].
El Observatorio insta a las autoridades colombianas a que investiguen de manera independiente y exhaustiva este crimen y juzguen y sancionen de acuerdo con la ley a sus autores.
Eric Sottas, Secretario General de la OMCT, señala al respecto que es totalmente escandaloso y monstruoso el hecho de que defensores que han venido a denunciar ante Naciones Unidas las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia y a pedir protección para sus organizaciones, comunidades y para ellos mismos, a su regreso al país sean víctimas de ataques mortales como han sido los casos del Abogado Eduardo Umaña Mendoza, el Senador Manuel Cepeda Vargas y ahora el esposo la Sra. Aída Quilcué.
Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH, manifiesta su firme rechazo a este crimen y recuerda que este asesinato se inscribe en un contexto de permanentes ataques a los defensores de derechos humanos.
De otra parte, el Observatorio denuncia además que el pasado 8 de diciembre de 2008, el Sr. Joel Pérez Cárdenas, quien fue uno de los fundadores y primeros directivos del proceso organizativo de derechos humanos que hoy se conoce como Corporación por la Defensa de Derechos Humanos Caguán Vive (perteneciente al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE) desapareció en el trayecto entre las localidades de San Vicente del Caguán y Puerto Rico, ambas en el Departamento de Caquetá. Su cadáver fue encontrado el 10 de diciembre, totalmente incinerado, decapitado y con un orificio en el cráneo. Cabe anotar que, según las informaciones, el Grupo Meteoro del Ejército Nacional había llegado a ese sector el lunes 8 de diciembre. Se ha denunciado también que el Ejército fue informado de la existencia del cadáver pero que éste no hizo diligencia alguna para su levantamiento.
El Observatorio llama las autoridades colombianas a que condenen con fuerza estos crímenes y reconozcan públicamente la labor de los defensores de derechos humanos, tal como le fue recomendado por muchos Estados durante el Examen Periódico Universal de Colombia en la ONU, el pasado miércoles, simbólico día 10 de diciembre de 2008, y de conformidad con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998 y las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.