Las recientes reformas efectuadas o previstas por el gobierno de Alvaro Uribe Velez, en el poder desde agosto de 2002, podrían cuestionar ciertas de las garantías judiciales de las que se beneficia la población colombiana y fragilizar todavía más la situación de los defensores de los derechos humanos. En el marco de un clima de violencia generalizada, estas reformas refuerzan la impunidad de la que se benefician los responsables de violaciones de los derechos humanos.
Colombia ¿Administración de la justicia... o de la impunidad?
El informe conjunto "Colombia: ¿ Administración de la justicia o de la impunidad? Publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y por la Organización Mundial contra la tortura (OMCT), en el marco de su programa conjunto "Observatorio para la protección de los defensores de los derechos humanos", y Abogados sin Fronteras Francia (ASF), examina detalladamente estas reformas y su impacto sobre los derechos de los ciudadanos. Del mismo modo, se menciona toda una serie de recomendaciones para garantizar la independencia de los operadores de justicia y el derecho a un proceso justo.
Este informe denuncia las reformas recientes introducidas en el sistema de administración de la justicia colombiano y los proyectos en curso, que constituyen una verdadero cuestionamiento de los mecanismos de control judicial y de garantía. Estas reformas otorgan un mayor poder al Fiscal General de la Nación, sin que se garantice su independencia, lo que aun más preocupante si se considera el cuestionamiento de la independencia del actual Fiscal. Las medidas, que limitan la independencia del poder judicial, prevén la limitación las competencias de la Corte Constitucional, la supresión de las personerías municipales, de las contralorías, y del Consejo Superior de la Magistratura.
Del mismo modo, el informe señala los actos de hostigamiento recurrentes contra los operadores de justicia en Colombia : miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, empleados del Cuerpo Técnico de Investigación de ésta misma institución, abogados litigantes y defensores públicos. Estas personas, que son frecuentemente víctimas de amenazas, agresiones físicas e incluso asesinato, han realizado un trabajo importante para el esclarecimiento de varios casos sensibles referidos a violaciones de derechos humanos cometidos por grupos privados, y por miembros de la fuerza pública. Muchos han debido renunciar a sus actividades y vivir en el exilio. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado medidas cautelares a favor de muchas de estas personas, las medidas de protección adoptadas por el gobierno son claramente insuficientes e ineficaces.
Esta situación implica un alto nivel de impunidad en Colombia y perjudica la posibilidad de un recurso efectivo para las víctimas de violaciones a los derechos humanos
La FIDH, la OMCT y ASF, solicitan a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que adopte una Declaración sobre Colombia en la que se haga explícitamente referencia a estas reformas y se solicite que sean revisadas de acuerdo con los instrumentos regionales se internacionales que garantiza un proceso justo. La FIDH, OMCT y ASF-Francia solicitan a las autoridades colombianas que se comprometan a invitar a Colombia al relator sobre la independencia de los jueces y de los abogados.