En un documento que será publicado el 18 de mayo, varios grupos de derechos humanos piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la complicidad de ejecutivos de la empresa multinacional Chiquita en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entre 1997 y 2004, Chiquita participó en el financiamiento de las actividades de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar colombiano. En total 1,7 millones de dólares fueron pagados a través de un elaborado esquema de contabilidad. El grupo paramilitar, que ya había sido calificado como organización terrorista por los Estados Unidos en el momento de los pagos, es responsable de más de 3.700 asesinatos, creando un reino de terror en los territorios bajo su control.
Con la presencia de :
– Dimitris Christopoulos - Presidente de la FIDH
– Jimena Reyes - Directora para las Américas de la FIDH
– Tyler Giannini - Co-director del programa de Derechos Humanos de la universidad de Harvard
– Dora Lucy Arias - Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo" (CAJAR)
- Representante de la Comunidad de Paz San José de Apartado