La Misión estuvo compuesta por Elsie Monge, Vice Presidenta de la FIDH y Directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, Selma Hajri, Doctora en endocrinología y investigadora en salud reproductiva de Tunez, Antoine Bouhey, encargado del Area de Derechos de las Mujeres y de Migrantes de la FIDH. La Misión contó para su desarrollo con el apoyo de José Araya, del Observatorio Ciudadano y Camila Maturana, de Humanas.
La Misión ha realizado diversas entrevistas con representantes del gobierno, del parlamento, de instituciones públicas del sistema judicial y organizaciones académicas, sociales y feministas para conocer sus opiniones y acciones sobre el aborto y el proyecto de ley sobre aborto en tres causales que tramita actualmente el Senado de Chile.
Los hallazgos preliminares de esta misión muestran que:
– La criminalización del aborto en Chile constituye una violación grave a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que deberían ser promovidos y protegidos por el Estado chileno como todos los derechos humanos. En la realidad, la criminalización impone graves riesgos a la salud y la vida de las mujeres y niñas que deciden abortar, especialmente cuando no cuentan con los recursos y la información para acceder a un aborto seguro. Además, se ven expuestas a ser denunciadas por médicos y personal de salud y a enfrentar riesgos de persecución penal, que vulneran particularmente las mujeres pobres y las mujeres indígenas.
– El proyecto que presentó el gobierno y que tramita el parlamento constituye un avance en tres causales sobre el aborto, que no obstante queda limitado respecto a las recomendaciones y decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al aborto.
– Además, el proyecto de ley ha sufrido modificaciones particularmente preocupantes durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Para asegurarse que el proyecto de ley no sea diluido o impracticable, el Senado debe reforzar este proyecto en las tres causales, en particular respecto a : la confidencialidad de la atención médica a abortos inseguros; los plazos de la causal violación; la objeción de conciencia; la denuncia del delito de violación sexual por parte del establecimiento de Salud al Ministerio Público; la garantía judicial para niñas menores de 14 años que no cuentan con autorización de su representante legal; la información sobre la ley.
– Los alcances y efectos de proyecto deberán evaluarse luego de sus ejecución, pero no pueden implicar un cierre de la discusión sobre este derecho de la mujeres. Tampoco puede implicar una estigmatización o criminalización a las mujeres y organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas que esta ley no protegerá.
Producto de esta misión de investigación, la FIDH presentará en abril de 2017 un informe sobre el aborto en Chile con recomendaciones considerando los estándares y avances sobre este tema en el sistema internacional de derechos humanos.