El próximo 29 y 30 de Mayo tendrá lugar en Costa Rica un juicio contra el Estado de Chile. El primer caso contra el Estado de Chile que llega a la Corte Interamericana por violaciones a los derechos humanos de integrantes de la Comunidad Mapuche condenados por la Ley Antiterrorista.
“El caso que examinará la Corte Interamericana ilustra una práctica discriminatoria llevada a cabo por el Estado de Chile, y que consiste en la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista a autoridades, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche, con el efecto de debilitar las movilizaciones y protestas sociales desarrolladas para recuperar sus territorios ancestrales, entre otros objetivos”, dijó Jaime Madariaga
La Corte debera determinar si –efectivamente- la práctica desarrollada por el Estado de Chile constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado de Chile podría ser condenado por haber violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación y la garantía del debido proceso legal. Son tres casos en los que el Estado Chileno no respetó estos principios: el caso de Los Lonkos, el caso Poluco Pidenco y el caso Ancalaf.
La FIDH representa la familia del Lonko Pichún, del caso de Los Lonkos y a Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo, José Benicio Huenchunao Mariñan y a Juan Ciriaco Millacheo Licán, del caso Poluco Pidenco.
“Le solicitamos al Estado de Chile que coopere con la justicia interamericana y colabore en permitir que las víctimas acudan al proceso. En particular permitiendo que Jaime Marileo Saravia pueda dar su testimonio presencial como víctima del caso durante las audiencias”. Afirmó Jimena Reyes, responsable de las Americas en la FIDH y una de las abogadas del caso
Jaime Marileo Saravia está llevando ante el tribunal de garantía de Collipulli una solicitud para que se levanten las medidas de detención domiciliaria nocturnas de las cuales es objeto mientras él va a Costa Rica a rendir su testimonio. La FIDH le solicita al Estado (en particular a la intendencia y al Ministerio del Interior) que no se opongan a la solicitud de levantamiento de estas medidad de manera a poder permitir su presencia ante la Corte Interamericana.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo hoy en Temuco Juan Pichún resaltó que espera que la Corte reconozca la arbitrariedad que representó la condena de su padre por amenaza terrorista.