En horas de la madrugada, Matías Catrileo Quezada, de 22 años de edad, y las demás personas del grupo entraron al fundo Santa Margarita de Jorge Luchsinger, y fueron sorprendidos quemando unos fardos de pasto por miembros del grupo de Operaciones Especiales (GOPE) – estos últimos aseguran una protección policial permanente del lugar. Uno de estos funcionarios policiales dispararó hacia el grupo, causando la muerte de Matías Catrileo Quezada.
Esta es la tercera muerte de un comunero Mapuche después de la muerte del joven Alex Lemun, hace cinco años y Juan Collihuin, ocurrida hace tres años. Estas reflejan la actitud represiva ejercida por las autoridades chilenas en contra de los comuneros Mapuche que reivindican su derecho a la tierra. Se inscriben en el marco de la militarización de las zonas en conflicto que desemboca a menudo sobre allanamientos [1], desalojos, incursiones de vehículos policiales no autorizadas en comunidades Mapuche, y otros, con graves consecuencias para la integridad física y síquica de sus integrantes. A ello cabe agregar la criminalización de las reivindicaciones al aplicar indebidamente la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Antiterrorista cuando las acciones llevadas a cabo solo tienen bienes por objetivo y en ningún caso la violencia hacia terceros. En este marco, la FIDH reitera su condena de esta represión y expresa su honda preocupación por la salud de Patricia Troncoso que sigue en huelga de hambre desde el 10 de octubre 2007 en protesta contra esta situación y criminalización.
La FIDH llama a que los hechos ocurridos sean investigados por autoridades civiles imparciales e independientes, y no por autoridades militares lo cual llevaría muy probablemente a la impunidad de los autores del crimen como ya fue el caso con respecto al asesinato de Alex Lemun.
La FIDH está indignada frente a las declaraciones emitidas por varias autoridades, entre ellas el vocero del Gobierno, el Sr. Francisco Vidal, que desprecian a las personas en huelga de hambre y abren el paso a un incremento de la represión y hace un llamamiento a las autoridades para que rectifiquen públicamente tales dichos. La FIDH también vuelve a pedir, una vez más [2], que las penas pronunciadas en base a la aplicación indebida de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley Antiterrorista sean revisadas y que se liberen a las personas condenadas arbitrariamente.
La FIDH recuerda que Chile ya ha sido objeto de condena en varias oportunidades por órganos de las Naciones Unidas y, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos que recomendó en 2007 al Estado de « tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando procesa, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables » [3]. Además, cabe recordar que Chile es actualmente objeto de examen por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Poluco Pidenco - condena que afecta a Patrica Troncoso y otros 3 presos Mapuche – para el cual existe un informe favorable de admisibilidad.
La FIDH recuerda también que Chile debe cumplir con sus obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos y garantizar la integridad física y psicológica de sus ciudadanos.