San José, 26 de septiembre de 2024. En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra del Estado de Chile por el caso Vega González y otros Vs. Chile. La sentencia del caso se refiere a 14 procesos penales sobre ejecuciones y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la dictadura chilena.
El fallo condena la aplicación, por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, del recurso de “prescripción gradual”, mediante el cual se decidió atenuar las penas otorgadas a los responsables de delitos de lesa humanidad, lo cual abrió las puertas a una disminución de las penas y permitió que muchos de los perpetradores quedaran en libertad.
A 34 años del fin de la dictadura cívico-militar de Pinochet, este fallo constituye un símbolo y un ejemplo de lucha en la búsqueda de justicia. No solo para quienes fueron los cinco asesinados extrajudicialmente y los 44 desaparecidos durante los años de represión y persecución, así como sus familiares. Las agrupaciones representadas en este fallo son la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos de Parral.
En efecto la Corte le ordena al Estado revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación no convencional de la media prescripción en los casos que fueron objeto de examen en la presente Sentencia. Esto significa que se deberán aumentar las penas de los responsables de estos crímenes quiénes en consecuencia deberán ser detenidos.
El Estado, dentro de un plazo razonable, también deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de que la figura de la media prescripción o prescripción gradual de la pena no sea aplicable bajo ningún término a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y hasta que no se haga dicha modificación deberá aplicar control de convencionalidad.
Finalmente, la Corte reconoció igualmente el sufrimiento que representó para las víctimas enfrentarse a la impunidad de los miembros del régimen de Pinochet que luego de ser condenados por crímenes de lesa humanidad tuvieron penas desproporcionadamente leves.
Karinna Fernández, abogada representante del caso, señala que valora especialmente el reconocimiento de la Corte IDH a las víctimas que buscan justicia y la importancia de la proporcionalidad de la pena respecto de las graves violaciones a los DDHH.
Por su parte, Jimena Reyes, de la FIDH, resalta que fue un honor acompañar a los familiares de personas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Durante 50 años ellos han luchado incansablemente para que se conozca la verdad de los horrendos crímenes y que sus responsables sean sancionados. Esta sentencia es un paso más en el camino para garantizar la no repetición de la violencia que representó la dictadura. También felicita a las abogadas Karinna Fernández y Magdalena Garcés quienes llevan 25 años representando a estas víctimas ante los tribunales chilenos y ante el sistema interamericano.