El caso se refiere a 14 procesos penales sobre ejecuciones y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, perpetrados contra 49 víctimas en el contexto de la dictadura cívico-militar chilena. En estos casos, la Corte Suprema de Justicia de Chile aplicó la “media prescripción” entre los años 2007 y 2010, lo que le permitió rebajar drásticamente las penas y permitir que la mayoría de los perpetradores quedaran en libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá determinar si el Estado de Chile cumplió con su obligación de sancionar de manera adecuada y proporcional a los responsables crímenes de lesa humanidad, al aplicar la figura legal de la “media prescripción”.
Las representantes de las víctimas sostienen que es de suma importancia rescatar el valor de la justicia para las familias de las víctimas, en el contexto de una transición pactada que no consideró la investigación y sanción de los responsables como un deber del Estado chileno. “Las víctimas llevamos décadas buscando verdad y justicia para nuestros familiares detenidos desaparecidos. Pedimos y exigimos la pena que corresponde para crímenes que nos continúan afectando hasta el día de hoy, que significaron la pérdida de nuestros seres queridos”, expresó Gaby Rivera Sánchez, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD.
“El próximo año serán 50 años desde el golpe de estado militar en Chile. Ya es hora de que los familiares de víctimas tengan justicia plena”, agregó Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Karinna Fernández Neira, Magdalena Garcés Fuentes y Jimena Reyes, representan a las víctimas frente a la Corte Interamericana. La audiencia será visible mediante las redes sociales de la Corte Interamericana y, además, en el canal del Poder Judicial de Chile.
“Una pena proporcional y justa es esencial para la no repetición de crímenes de lesa humanidad en Chile y la región”, resaltó Jimena Reyes Directora para las Américas de la FIDH.
Este caso concierne las siguientes víctimas, desaparecidas o ejecutadas durante la dictadura, cuyos casos judicializados dieron origen a las resoluciones de la Corte Suprema denunciadas en este caso: