París, Santiago - 5 de septiembre de 2022 - La necesidad de una nueva constitución se hizo evidente en 2019 a través de las manifestaciones de diferentes sectores de la sociedad durante el llamado “estallido social”. Participaron grupos estudiantiles, comunidades indígenas y otros movimientos sociales y políticos, que exigían mejores condiciones de vida, incluidas oportunidades laborales, servicios públicos y paridad de género. Luego de meses de protesta, durante los cuales se dieron graves violaciones a los derechos humanos de manifestantes por parte de agentes estatales, el estallido social resultó en un amplio llamado a cambiar la constitución de 1980: en septiembre de 2020 más del 78% del electorado optó por redactar una nueva constitución mediante un plebiscito democrático.
El llamado por una nueva constitución sigue siendo legítimo y necesario
Aunque la actual Constitución, elaborada en 1980 durante la época de la dictadura de Pinochet ha sido modificada en las últimas décadas, es urgente que se introduzcan cambios estructurales que garanticen el respeto de las obligaciones que el Estado adquirió al ratificar la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así mismo, es imperativo que luego de más de 200 años de independencia como país, Chile reconozca y garantice a nivel constitucional los derechos de los pueblos indígenas, para así contribuir a combatir la discriminación que todavía sigue existiendo contra ellos en las distintas instancias sociales y políticas. Es también esencial mejorar el funcionamiento de los procesos de reforma legislativos y el funcionamiento del Estado.
Una votación que debería ser un nuevo paso en el proceso constitucional
Urgimos a la continuación del proceso orientado a que Chile se dote de una nueva Carta Magna, iniciativa que claramente apoya la mayoría de la ciudadanía, a objeto de profundizar la democracia y los derechos humanos en el país. Desde la FIDH y sus organizaciones miembros en Chile hacemos un llamado a la ciudadanía y partidos políticos, a los sectores que promovieron y votaron por la opción “rechazo”, a incluir los derechos humanos como eje central de una nueva constitución, obligando al Estado a protegerlos así como a las personas e instituciones a respetarlos, posicionando a Chile como un Estado que progresa y avanza a la par de las necesidades que apremian al derecho internacional en mundo actual. Por ello, pedimos a los representantes de dichos sectores a no instrumentalizar este rechazo, si no actuar genuinamente en el interés del país y abrir el camino hacia una nueva constitución – lo cual los mismos partidos por la campaña del “rechazo” declararon que sostendrían-, en sus campañas públicas.
Hacemos igualmente un llamado a los sectores y movimientos que apoyaron la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional a analizar críticamente los resultados del plebiscito de modo de identificar las debilidades a objeto de poder superarlas en una nueva etapa de su desarrollo. Reafirmamos nuestro compromiso para fomentar estos espacios y seguir acompañando a la sociedad civil, a las personas defensoras de derechos humanos, funcionarias y funcionarios públicos para lograr el objetivo que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico.