La FIDH denuncia una presunta manipulación por parte de las autoridades chilenas en el caso Norín Catrimán y otros CDH-12.576/082 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ya que ésta recibió un supuesto desistimiento firmado por dos de los peticionarios, mientras ellos afirman no tener conocimiento de esta iniciativa.
Ayer, 13 de septiembre 2012, la Corte ha informado que ha decidido no otorgar efectos jurídicos al documento firmado por el lonko Pascual Pichún y recibido por la Corte el 19 de junio 2012 donde supuestamente se desistía de toda acción relacionada con el caso Norín Catrimán y otros CDH-12.576/082.
La Corte en su decisión del día de ayer tomó en cuenta que el lonko Pascual Pichun Paillalao le había comunicado a la Corte que no había enviado ese documento de desistimiento y que nunca había deseado desistirse del caso.
Asimismo la Corte notó que los representantes del Sr Pichun indicaron que las autoridades estatales podrían “haberle hecho firmar dicho desistimiento sin explicarle las consecuencias de este”.
Para la FIDH estos hechos parecen demostrar que las autoridades chilenas, probablemente a través de la intendencia y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) le hicieron firmar al lonko Pichun un documento de desistimiento sin explicarle las consecuencias jurídicas de un desistimiento, y que luego este documento fue mandado a la Corte sin su consentimiento.
La FIDH expresa su indignación ante este presunto engaño del lonko Pascual Pichún, ya que todo parece indicar que las autoridades chilenas habrían intentado privarlo de su derecho a seguir interviniendo como víctima ante la CoIDH.
Por estas razones la FIDH acoge con satisfacción la decisión de la Corte interamericana.
La FIDH representa ante la CoIDH al lonko Pichún y a otros cuatro de los ocho peticionarios del caso CDH-12.576/082, apuntando a la condena del Estado chileno por la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista chilena en contra de dirigentes y activistas sociales Mapuches. Éstos fueron juzgados y condenados arbitraria e ilegalmente por la Ley Antiterrorista chilena durante los años 2001 y 2004, en violación del principio de legalidad, de la garantía del debido proceso legal, del derecho a la igualdad y a la libertad personal, entre otros.