El 19 de junio de 2012, la CoIDH recibió una comunicación referente a un supuesto desistimiento de toda acción relacionada con el caso Norín Catrimán y otros CDH-12.576/082, supuestamente firmada por los lonkos Pascual Pichun Paillalao y Aniceto Norin Catriman.
La FIDH representa ante la CoIDH al lonko Pichun y a otros cuatro de los ocho peticionarios del caso CDH-12.576/082, apuntando a la condena del Estado chileno por la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista chilena en contra de dirigentes y activistas sociales Mapuches. Éstos fueron juzgados y condenados arbitraria e ilegalmente por la Ley Antiterrorista chilena durante los años 2001 y 2004, en violación del principio de legalidad, de la garantía del debido proceso legal, del derecho a la igualdad y a la libertad personal, entre otros.
Tras haber tomado conocimiento del envío de esa comunicación a la Corte, el lonko Pascual Pichun Paillalao afirmó “nunca he enviado este documento de desistimiento a la Corte. No deseo, y nunca he deseado desistirme del caso”.
Estos hechos parecen demostrar que las autoridades chilenas, probablemente a través de la intendencia y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) - instituciones con las cuales estuvo recientemente en discusión - le hicieron firmar al lonko Pichun un documento de desistimiento sin explicarle las consecuencias jurídicas de un desistimiento, y este documento fue mandado a la Corte sin su consentimiento.
La FIDH expresa su indignación ante este presunto engaño del lonko Pascual Pichún, ya que todo parece indicar que las autoridades chilenas habrían intentado privarlo de su derecho a seguir interviniendo como víctima ante la CoIDH.
Asimismo, ante la próxima decisión de la Corte sobre el presente caso, la FIDH insta a las autoridades chilenas a garantizar el acceso a la justicia interamericana de los peticionarios, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales adquiridas a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.