La tan esperada hoja de ruta establece los objetivos y las metas para Brasil en su búsqueda de adhesión
Brasil deberá demostrar no sólo su compromiso con las normas de la OCDE sobre el papel, sino el cumplimiento en sus prácticas y las de las empresas en cuestiones de interés clave para la sociedad civil. Aunque esto es sólo el comienzo de un largo proceso de adhesión, la hoja de ruta es un paso ambicioso en la dirección correcta, ya que insta a los comités de la OCDE, a los Estados miembros y a Brasil a situar la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos en el centro del proceso. Esta hoja de ruta para la adhesión, que - a diferencia de otras hojas de ruta - tiene un fuerte enfoque en los principios de la OCDE, implica que los procesos de adhesión son una oportunidad para impulsar mejores políticas y prácticas nacionales.
Ahora se prestará atención especialmente a los países que parecen más alineados con los estándares de la OCDE. Sin embargo, tal y como están las cosas, Brasil tiene importantes lagunas en materia de gobernanza y no está alineado con los estándares de la OCDE; el país no ha demostrado su compromiso con los valores de la OCDE sobre el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental.
Como nuestra investigación ha demostrado recientemente, Brasil debe hacer cambios significativos para asegurar que la protección del medio ambiente y de los derechos humanos esté garantizada. Aunque Brasil ha adherido a 103 de los 251 instrumentos normativos de la OCDE, los principios y normas de esos instrumentos deben ser aplicados efectivamente por el gobierno brasileño.
Haciendo eco de las preocupaciones de la sociedad civil, algunos de los requisitos de la hoja de ruta para los países que deseen ser parte de la OCDE son:
– Garantizar estrategias medioambientales y climáticas eficaces y ambiciosas que demuestren su aplicación real y que no haya retroceso en dicha ambición, incluyendo la inversión en resiliencia y adaptación climática como parte de la agenda nacional de desarrollo. El gobierno brasileño no ha demostrado su compromiso con la agenda climática. Desde la adopción del Acuerdo de París en 2015, las emisiones netas del país han aumentado un 12%. Aún más alarmante, desde la promulgación de su ley climática (Ley nº 12.187/2009), Brasil ha aumentado sus emisiones en más de una cuarta parte.
– Adoptar políticas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la degradación de la tierra que incluyan el enfoque en el respeto y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas. En 2019 y 2020, las tasas de deforestación en Brasil alcanzaron los máximos de la década. En comparación con 2018-2019, las tasas de deforestación dentro de las áreas protegidas aumentaron en más del 40% en 2019-2020. Además, alrededor del 94% de la deforestación en los últimos dos años fue ilegal. Los incendios forestales también han aumentado en la Amazonía. Solo en 2020, más del 30% del Pantanal brasileño ardió, causando una inmensa pérdida de biodiversidad.
– Garantizar la aplicación efectiva de la legislación medioambiental reforzando la capacidad de los organismos pertinentes y asegurando la participación de la sociedad civil. La aplicación de la legislación medioambiental en Brasil ha sido deficiente durante mucho tiempo. Importantes organismos de protección del medio ambiente han sufrido escasez de recursos, limitaciones jurisdiccionales y cambios arbitrarios en sus consejos de administración, lo que ha mermado su independencia y eficacia.
– Combatir la impunidad de los delitos medioambientales y garantizar que la violencia y las amenazas contra las personas defensoras del medio ambiente se investiguen y persigan con rigor. Brasil sigue siendo uno de los países más mortíferos para los defensores de la tierra y el medio ambiente del mundo. En 2020, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos informó que 174 de ellas habían sido asesinadas en Brasil en el periodo comprendido entre 2015 y 2019. Además, la reciente Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Nacional han sido utilizadas continuamente por el gobierno federal para perseguir políticamente a estas personas consideradas opositoras.
– Implementar un requisito de evaluación ambiental con medidas de transparencia y participación significativa, temprana y continua de las comunidades vulnerables, indígenas y locales. En Brasil, los derechos de los pueblos indígenas se han visto amenazados debido al desmantelamiento de cientos de consejos sociales y juntas colegiadas que habían permitido la participación popular. Al menos tres de estos consejos o juntas vinculadas a los pueblos indígenas han sido clausurados por el gobierno de Jair Bolsonaro. Asimismo, los representantes indígenas han perdido sus puestos en el Consejo Nacional del Medio Ambiente.
– Demostrar compromiso y medidas efectivas para promover una conducta empresarial responsable, incluyendo específicamente el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Es fundamental destacar que además de la responsabilidad de las empresas, el gobierno debe reforzar la protección de los derechos laborales y sociales. La Reforma Laboral no cumplió con las promesas de más puestos de trabajo y mejores condiciones laborales. Además, hubo una serie de ataques a los instrumentos e instituciones que combaten el trabajo forzoso. También hubo recortes en el presupuesto de varias políticas públicas que promueven el bienestar social.
La pelota está ahora en la cancha de los comités de la OCDE. Se espera que más de 20 comités participen en la realización de un examen técnico y emitan un dictamen formal sobre la idoneidad de Brasil para ingresar en esta organización ante el Consejo de la OCDE -el órgano decisorio supremo de la organización. Su análisis debe tener como objetivo mantener los más altos estándares de protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y empujar a Brasil a ir más allá en las cuestiones que no se han abordado suficientemente hasta ahora, incluidas las medidas sobre el trabajo forzado, los derechos de las comunidades indígenas, las comunidades quilombolas y otras comunidades tradicionales y rurales, y las conexiones con otras obligaciones internacionales. Siempre que la redacción de la hoja de ruta haya seguido siendo amplia, se espera que los comités de la OCDE adopten una comprensión profunda que garantice la correcta aplicación de las normas internacionales más estrictas, interpretando cualquier ambigüedad bajo el principio pro persona.
Es esencial que el proceso de revisión de los comités sea más transparente e inclusivo; la FIDH, Justiça Global, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Conectas y OECD Watch instan a los comités a abrir espacios de consulta e intercambio de información con todas las partes interesadas a lo largo del proceso de adhesión.