Esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha anunciado que iniciará conversaciones para la adhesión con seis países: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía. OECD Watch, una red mundial de más de 130 organizaciones de la sociedad civil y parte interesada fundamental en la OCDE, advierte a esta organización que no debe permitir la adhesión de estos países si antes no armonizan su legislación, políticas y prácticas medioambientales y de derechos humanos con las normas y valores de la OCDE.
De los seis países candidatos a la adhesión, Brasil es, con diferencia, el principal actor, un peso pesado geopolítico. En los últimos dos años, OECD Watch y sus miembros Conectas Direitos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sus organizaciones miembros brasileñas el Movimento Nacional de Direitos Humanos y Justiça Global, así como SOMO han recopilado numerosas pruebas sobre diversos problemas existentes en Brasil. Entre ellos cabe citar el cambio climático y la deforestación, la degradación del medio ambiente y la contaminación, la falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y de la libertad y seguridad de las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos, así como la falta de protección de los derechos laborales y de la salud pública.
Estas organizaciones han documentado graves deficiencias en materia de gobernanza –desde leyes y políticas inexistentes o perjudiciales, hasta fallos en la aplicación de las mismas, pasando por la represión de la participación pública– que demuestran que en la actualidad Brasil no se ajusta a las normas de la OCDE.
"El deficiente historial del actual gobierno brasileño a la hora de abordar algunas de las crisis más acuciantes del mundo –desde el cambio climático hasta la pandemia mundial– ha demostrado su falta de compromiso con la protección del medio ambiente, los derechos humanos y el Estado de derecho. En Brasil, las poblaciones más afectadas son las más vulnerables: los pueblos indígenas, las comunidades rurales, las comunidades afrodescendientes como las quilombolas, las personas defensoras de los derechos humanos, los trabajadores y trabajadoras pobres y migrantes, las mujeres y la infancia. Creemos que con demasiada frecuencia el gobierno ha demostrado complacencia o incluso complicidad, al permitir el deterioro de la gobernanza social y medioambiental en Brasil."
La investigación, que se lanzará en marzo de 2022, presenta estudios de casos que documentan el coste humano y planetario de estas deficiencias de gobernanza. Recomienda asimismo algunas reformas prácticas que la OCDE debería exigir a Brasil en el marco del proceso hacia la adhesión, antes de que se le permita ingresar como miembro.
"La OCDE no puede tratar la adhesión de Brasil como ha hecho en procesos anteriores, que se han centrado excesivamente en la eliminación de las barreras al comercio exterior y la inversión. En lo relativo a estos seis países, instamos a la OCDE a utilizar el peso del proceso de adhesión para exigir reformas significativas en los países candidatos para proteger a las personas y el medio ambiente, y a denegar su entrada si los candidatos, como Brasil, no están a la altura de los valores que proclama la OCDE."
Brasil lleva más de una década intentando alinearse con los instrumentos de la OCDE. Su adhesión plena le reportaría enormes ventajas económicas y políticas, como una mejor posición ante los donantes y un mayor acceso al comercio y a la inversión extranjera directa, ventajas que no deberían concederse si Brasil no limpia su historial medioambiental y de derechos humanos.
En su anuncio de la apertura de las conversaciones de adhesión, la OCDE ha explicado que "las hojas de ruta individuales se prepararán ahora, siempre que esos [seis] países confirmen su adhesión a los valores, la visión y las prioridades reflejadas en la Declaración de la Visión del 60º Aniversario de la OCDE y la Declaración del Consejo Ministerialadoptada el año pasado".
"A medida que avanzamos firmemente hacia la próxima década –la última que nos queda para cambiar significativamente el curso del cambio climático– es vital que la OCDE aborde la adhesión de Brasil de forma diferente. Instamos a los gobiernos miembros de la OCDE a que se tomen en serio el proceso de adhesión de Brasil y los propios valores de la OCDE y a que únicamente concedan la entrada a este país si es merecedor de ello."
Acerca de OECD Watch
OECD Watch es una red mundial con más de 130 organizaciones miembros presente en más de 50 países. Fundada en 2003, el objetivo principal de OECD Watch es contribuir a apoyar las actividades de las OSC relacionadas con las Líneas Directrices de la OCDE y el trabajo del Comité de Inversiones de la OCDE. Está formada por un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil –desde organizaciones de derechos humanos hasta organizaciones medioambientales y de desarrollo, desde grupos de base hasta grandes ONG internacionales– unidas por el compromiso de garantizar que la actividad de las empresas contribuya al desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza, y que las empresas rindan cuentas por los impactos negativos que causen en todo el mundo. Para más información, visite www.oecdwatch.org.
Sobre Conectas
Conectas existe para preservar, aplicar y ampliar los derechos humanos. Más que una organización no gubernamental, formamos parte de un movimiento vivo y global que continúa luchando por la igualdad de derechos. Conectados a través de una amplia red de socios, repartidos por Brasil y por el resto del mundo, estamos siempre disponibles y participamos en diversos debates de toma de decisiones que hacen avanzar el camino de los derechos humanos desde la perspectiva del Sur Global. Trabajamos para proteger y ampliar los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. Proponemos soluciones, evitamos retrocesos y denunciamos violaciones para generar transformaciones.
Acerca de la FIDH
La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de derechos humanos que federa 192 organizaciones de 117 países. Desde 1922, la FIDH defiende todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La FIDH actúa a escala nacional, regional e internacional en apoyo de sus organizaciones miembros y asociadas para hacer frente a los abusos de los derechos humanos, lo que incluye garantizar la rendición de cuentas empresarial y mejorar el acceso de las víctimas a la justicia a través de la documentación, la defensa y el litigio.