Río de Janeiro, 30 de octubre de 2025. En un hecho sin precedentes en la historia de Brasil, 132 personas fueron asesinadas y masacradas en una redada en dos favelas de Río de Janeiro por la policía, quien utilizó armas de fuego de forma indiscriminada. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), la Justiça Global y Justiça nos Trilhos, sus organizaciones miembro en Brasil, califican este doloroso suceso no solo como una violación explícita y grave de los derechos fundamentales, sino que también señalan a las autoridades políticas de Río de Janeiro como máximos responsables de esta acción premeditada y criminal.
La FIDH repudia las declaraciones del gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien ha ignorado a las víctimas de la masacre y se ha referido a todas ellas como «narcoterroristas». Del mismo modo, se rechaza tajantemente la instrumentalización de la violencia y los asesinatos como estrategia política para obtener rédito electoral. El Estado tiene derecho y deber de sancionar a las bandas criminales, pero siempre respetando el debido proceso y no a través de ejecuciones extrajudiciales, que en Río de Janeiro han sido más que eventuales, convirtiéndose en la forma habitual de hacer política de seguridad, centrada en la confrontación.
Este suceso es un nuevo ejemplo de la creciente violencia policial contra los ciudadanos brasileños. El Supremo Tribunal Federal (STF) ha establecido unas normas para este tipo de operaciones que incluso deben ser conocidas por la fiscalía. El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervino en el caso y pidió al STF una decisión que fue publicada y que determina un conjunto de medidas específicas para el caso, las cuales aún se espera que se cumplan. Medidas de investigación justas, con peritaje independiente y amplio seguimiento de la sociedad civil y de órganos de control social son fundamentales para que se depuren responsabilidades en profundidad.
"Las acciones de seguridad pública deben proteger y garantizar la vida, no destruirla. Sin importar quién, todos tienen derecho a un proceso justo. No hay razones, justificaciones ni motivos que puedan avalar una situación de este tipo. Los responsables de la investigación deben asumir el papel que les corresponde constitucionalmente. Las investigaciones deben llevarse a cabo de forma independiente para que se haga justicia y, sobre todo, para que no se actúe con precipitación", afirma Paulo César Carbonari, miembro de la coordinación nacional del Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH).
En este contexto, estos terribles acontecimientos ponen de manifiesto la racialización y la discriminación estructural que sufre una parte importante de la población. En Brasil, las víctimas de la violencia son, en su mayoría, personas jóvenes, negras y que viven en la periferia. Este es el perfil de las víctimas de la violencia. A esto se suma la polarización de la sociedad brasileña, así como el aumento de los discursos de extrema derecha que alimentan la hostilidad hacia estas poblaciones.