El informe es una evaluación que revela la falta de implementación de las recomendaciones formuladas -8 años atrás en el informe de 2011- a los actores responsables y un aliento al progreso logrado por la comunidad en la lucha por el reconocimiento y la reparación de las violaciones a sus derechos. El caso de Piquiá es emblemático sobre las consecuencias dramáticas del modelo de desarrollo que ha colocado los interéses económicos sobre los derechos humanos, y debe ser un incentivo para pensar un modelo alternativo que permita la satisfacción plena de los derechos de todos.
En un contexto de reciente flexibilización de la legislación ambiental, falta de medidas de control y de sanción, las empresas operan al márgen del marco legal. A pesar que las violaciones de la legislación ambiental fueron constatadas por los órganos competentes, algunas siderúrgicas operan sin licencias ambientales y las estructuras de las que ya están desactivadas se están deteriorando a cielo abierto, con consecuencias irreversibles sobre el medio ambiente y las poblaciones de las comunidades cercanas.
Adicionalmente, la contribución económica de las empresas a la reparación es casi inexistente, y hasta ahora no ha habido un reconocimiento formal de la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos documentadas, lo que abre la posibilidad a que estas violaciones persistan.
“Las empresas actúan bajo el principio que las personas no conocen sus derechos y no están organizadas para luchar por ellos. Nosotros escogimos no aceptar el papel de ciudadanos de segunda categoría que las empresas quisieran imponernos y es por esto que conseguimos algunos avances. La historia de Piquiá muestra que los sucesos de Mariana y de Brumadinho no son casos aislados sino el resultado de un patrón de conducta que debe cambiar urgentemente ”
El informe demuestra que apesar del progreso alcanzado en el proceso de reasentamiento de 312 familias de Piquiá de Baixo (aproximadamente 1.110 personas) con el inicio de las obras en noviembre de 2018, la persistente polución y demás riesgos asociados siguen deteriorando la salud de los más de 7.500 residentes de todo Piquiá.
Según nuestras organizaciones, ninguna de las 39 recomendaciones fue plenamente implementada y el 74,4% no tuvo ningún avance, lo cual significa que ninguna de las violaciones de derechos humanos documentadas en 2011 ha sido reparada integralmente.
“En la medida en que la reparación por las empresas sea hecha exclusivamente con el fin de evitar sanciones sociales, económicas, reputacionales y de otra índole, y que el Estado Brasilero sea incapaz de monitorear y sancionar las violaciones, Brasil no estará a la altura de los estándares de conducta empresarial responsable de la OCDE, organismo del cual quieren ser parte.”
Las instituciones públicas no han demostrado capacidad ni voluntad real para enfrentar de forma estratégica los problemas derivados de la contaminación ambiental, por el contrario se han limitado a responder a estos problemas de forma pasiva, únicamente bajo el impulso de las manifestaciones por las personas afectadas, lo que resulta insuficiente.
Los principales avances han sido posibles gracias al enorme trabajo de la comunidad que ha sabido construir su protagonismo y el rol de las personas defensoras de derechos humanos ha sido crucial en la lucha por la reparación integral. El Estado debe brindar garantías de un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos.
Ante los escasos avances concretos, este informe se presenta no solamente como una herramienta de denuncia sino que marca un punto de partida para una serie de acciones de incidencia y comunicación que permitirán darle una mayor visibilidad internacional a esta problemática, y evitar sobre todo que las numerosas situaciones de abuso identificadas, se repitan.
Ver aquí el informe completo: