Brasil: Pandemia perjudica desproporcionadamente a comunidades afectadas por polución de empresas y olvidadas por el Estado

Piquiá de Baixo, Açailandia, París, 29 de abril de 2020.- Tras décadas de sufrir las consecuencias de la polución y daños irreversibles a su salud y al medioambiente causadas por las empresas siderúrgicas y carboníferas, trabajadores y comunidades como Piquiá de Baixo, se encuentran hoy en una situación de especial vulnerabilidad frente a la pandemia de Covid-19. La desatención histórica del Estado a las personas de comunidades en esta condición, no solo las vuelve más proclives al contagio, sino a sufrir consecuencias drásticas en su salud ya mellada previamente por la exposición a la polución.

Brasil se ha convertido en el mayor foco de contaminación del Covid-19 en América Latina, sumado a la gestión negligente por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro, que de manera irresponsable ha minimizado el problema, sembrando discordia e inestabilidad, amenaza gravemente la vida de las comunidades más vulnerables como Piquiá de Baixo, impactadas durante décadas por la polución derivada de dichas empresas.

A pesar de la crisis sanitaria, empresas como Viena Siderúrgica y Aço Verde Brasil, -que hacen parte de la cadena de distribución de Vale S.A-., siguen operando como de costumbre poniendo en riesgo la vida de centenares de personas vulnerables. Los habitantes de Piquiá de Baixo padecen importantes enfermedades respiratorias crónicas que convierten desde los más jóvenes hasta los más mayores en un grupo extremadamente vulnerable ante la pandemia. A pesar de tener conocimiento de los graves riesgos que ellas mismas han causado, hasta ahora, las empresas no han adoptado medidas de prevención y asistencia adecuadas a sus trabajadores y los habitantes de Piquiá, pues continúan operando. Por su parte, Gusa nordeste ha despedido varias centenas de trabajadores dejándolos en condiciones de incertidumbre, graves afectaciones a la salud y en medio de un reasentamiento sin finalizar.

El Gobierno Federal por su parte, continúa, como lo ha hecho durante décadas, sin garantizar prestaciones de salud adecuadas e incluso contraviniendo las recomendaciones de la OMS. En éste momento es urgente asegurar el acceso a cuidados y material preventivo y atención médica accesible. De lo contrario, el contagio de COVID-19 entre trabajadores y miembros de la comunidad sería casi una sentencia de muerte.

"No se puede sacrificar el derecho a la vida y la salud por los intereses económicos y la sed de lucro de las empresas. Ya se ha sacrificado al ambiente durante décadas, y esto ha tenido un impacto irreversible en la salud. Las empresas no pueden lavarse las manos de su responsabilidad ante la situación actual. Más aún si plantean cerrar actividades, ¿quien reparará a las personas afectadas y rehabilitará el ambiente?"

Maria Isabel Cubides - Encargada del programa de globalización y derechos humanos- FIDH

Este cuadro crítico se ha visto agravado en las últimas semanas como consecuencia de una inundación violenta de las casas de la comunidad de Piquiá de Baixo tras el rompimiento de varios vertederos de cría de peces, desplazando a 253 personas y destruyendo sus pertenencias y al menos 25 casas. Actualmente 17 familias permanecen sin hogar.

“La comunidad de Piquiá de Baixo no puede ser condenada a vivir en un estado permanente de calamidad. Las soluciones que la comunidad misma, con valentía e insistencia, ha presentado a las autoridades públicas y las empresas, han sido desmanteladas. Requerimos medidas rigurosas para garantizar el derecho a la salud.”

Danilo Chammas, Justiça nos Trilhos

Piquiá es un caso emblemático de la necesidad de equilibrar y proteger los derechos a la salud y al trabajo. Las decisiones que mayoritariamente han tomado las empresas han privilegiado el lucro a costa de la destrucción del medio ambiente y la salud humana. Si se tomaran las medidas necesarias, la disyuntiva trabajo versus salud, y preservación del ambiente vs beneficios económicos quedaría sin asidero.

Hacemos un llamado a las autoridades para garantizar el acceso a atención y material de salud, el abrigo inmediato de las familias afectadas por las inundaciones, y asegurar la continuación y aceleración de la relocalización.

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