Tras la débil reacción del Estado brasileño sobre las presuntas actividades ilegales de espionaje e infiltración realizadas por empresas transnacionales contra movimientos y organizaciones de la sociedad civil, la FIDH y la OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, realizaron una misión de investigación en Brasil del 9 a 14 de febrero de 2014.
Durante el desarrollo de la misión, los integrantes se entrevistaron tanto con las víctimas como con organizaciones sociales, representantes del Gobierno, del poder judicial, parlamentarios y con responsables del consorcio Belo Monte y del Banco Nacional de Desarrollo (Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES).
Los testimonios y los documentos obtenidos parecen confirmar que Vale y Belo Monte incurrieron en delitos de corrupción, acceso a información confidencial, grabaciones clandestinas, usurpación de identidad, acceso ilícito a bases de datos públicos y despido infundado de empleados. Estos delitos se habrían llevado a cabo con la complicidad de agentes del Estado. Algunos documentos demuestran sobornos a agentes del Estado y un posible apoyo de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Agência Brasileira de Inteligência - ABIN) en el caso de Belo Monte y de agentes de la ABIN pensionados en el caso de Vale, todo esto en contra de actores y ONG considerados por estas empresas como posibles trabas en sus actividades.
La misión denunció la falta de avances en las investigaciones acerca de esos hechos que han sido denunciados al Ministerio Público desde marzo de 2013. Los encargados de misión también llamaron a la Presidenta Dilma Roussef a una mayor coherencia denunciando públicamente con los mismos estándares tanto este espionaje como el del caso “Snowden”.
Jimena Reyes, responsable de la Oficina de las Américas de la FIDH y encargada de la misión del Observatorio, declaró que “la cuestión del espionaje practicado por las empresas multinacionales contra los movimientos sociales en Brasil pone en el punto de mira el respeto por estas empresas de los derechos humanos. Estas actuaciones tienen como efecto socavar la libertad de expresión y de disentir, pilar esencial de un Estado democrático”.
El abogado Alexandre Faro, otro encargado de misión, explicó que “la ausencia de regulación del fenómeno de privatización de la inteligencia por las empresas facilita la comisión de delitos contra la sociedad civil”, y que “el poder de las multinacionales exige un contra peso judicial y legal fuerte para impedir nuevas derivas de este tipo”.
Un informe de misión será publicado en los próximos meses y presentará conclusiones y recomendaciones detalladas al Gobierno de Brasil, actores no-estatales, organizaciones internacionales, representaciones diplomáticas, así como mecanismos nacionales, regionales e internacionales de protección de los derechos humanos.