entre la intimidación y la esperanza: dificultades para los defensores de derechos humanos

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos, publican hoy un informe de misión de investigación titulado "Bolivia: entre la intimidación y la esperanza: dificultades para los defensores de derechos humanos".

El informe es producto de una misión internacional enviada por el Observatorio a Bolivia para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos, y realizada en dos etapas, de una parte los días 19 a 27 de septiembre de 2004 y de otra los días 30 de julio al 7 de agosto de 2005.

La elección, en diciembre de 2005, del Sr. Evo Morales, como presidente de Bolivia, debería significar el fin de la persecución a los defensores de derechos humanos y progresivamente de todas las causas que están al origen de la exclusión social y el racismo en un país mayoritariamente indígena. Sin embargo su tarea no es fácil frente a las tensiones sociales seculares, unas instituciones débiles, los gamonalismos fuertes y, un proceso constituyente para transformar el Estado, que debe reconocer, como corresponde, los derechos de los pueblos indígenas, la integralidad de los derechos humanos y una democracia realmente participativa desde el reconocimiento de las autonomías regionales. Esperamos que en este propósito el gobierno se acompañe del conjunto de defensores y defensoras de derechos humanos en Bolivia, para que se defina en común un plan estatal de derechos humanos.

La misión pudo constatar que a pesar de no existir obstáculos legales para el ejercicio de la actividad de defensa de los derechos humanos y de una actitud formal de respeto por la misma, se observa que hay una serie de omisiones por parte de las diversas agencias del Estado que hacen difícil el trabajo de los defensores. Uno de los principales motivos de preocupación que queda patente luego de la misión realizada es la impunidad de los actores privados que amenazan, hostigan o ejercen otras acciones hostiles contra los defensores.

Tal vez el principal problema que enfrentan los defensores hoy en día son las dificultades existentes para efectuar el acompañamiento y apoyo a las poblaciones y comunidades indígenas y a los campesinos, en sus luchas y en la defensa de sus derechos. En particular se ven afectados por estas dificultades los defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas que promueven el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos tras ser obligado a renunciar a su cargo. Dentro de ese contexto, se ha presentado la acción de grupos privados armados con consecuencias lamentables sobre indígenas, campesinos y abogados. Además, son varios los testimonios recogidos por la misión al hablar de la justicia en los casos de procesos judiciales "armados" y/o "prefabricados", contra personas que resultan "incómodas" para los intereses de los latifundistas, procesos en los cuales los acusados permanecen en muchos casos detenidos y son incluso víctimas de diversas formas de tortura, especialmente mientras permanecen en las celdas policiales. Confiamos en que el gobierno del Sr. Evo Morales contribuirá a ponerle fin a estas prácticas.

Por otra parte, algunos defensores del proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos1 han sido objeto de campañas difamatorias, llamadas amenazantes y afirmaciones injuriosas, amparadas en algunas organizaciones que revelan un alto nivel de fundamentalismo religioso. Esta campaña se ha desarrollado tanto en medios de comunicación como mediante presiones al sistema educativo encaminadas a desacreditar a los defensores y defensoras de la citada ley.

Además, la misión pudo comprobar la existencia de una permanente labor de inteligencia e investigación del Estado sobre las ONG de derechos humanos más importantes del país, labor que se concreta con cierto nivel de infiltración pacífica de las organizaciones a nivel de base. A esto se agrega la existencia de una campaña contra las ONG, caracterizada por las declaraciones de algunos políticos, quienes han señalado públicamente a las ONG de derechos humanos como protectoras del terrorismo internacional.

El Observatorio con fundamento en lo observado y documentado durante la Misión, urge al Gobierno de la República de Bolivia y a las demás autoridades responsables como operadores judiciales a que adopten y pongan en práctica las siguientes recomendaciones:

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, y de lo dispuesto por la Resolución sobre Defensores de los Derechos Humanos en las Américas (AG de la Organización de Estados Americanos junio de 1999).

Garantizar que los proyectos que afecten las tierras, los territorios, las costumbres, la identidad cultural, o el desarrollo de las Comunidades Indígenas y de los pobladores de la Tierras Comunitarias Originales (TCO) cuenten, para su realización, con la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad o población afectada, previa garantía de haber accedido a la información transparente, completa y adecuada, de tal forma que el procedimiento de consulta exprese una decisión debidamente documentada , para consentir o no la realización de la obra o proyecto consultado.

Frente a la situación de impunidad generalizada que cubre los delitos cometidos contra los Defensores y contra la población en general, el Observatorio recomienda al Gobierno que:

Promueva con urgencia investigaciones encaminadas a perseguir judicialmente y a sancionar efectivamente la corrupción en las instancias judiciales y administrativas;
Garantice la protección debida a los denunciantes y testigos y evite la coacción sobre los defensores de derechos humanos;
Suspenda del servicio activo a los miembros de la fuerza pública y/o a los agentes estatales de cualquier orden que se encuentren involucrados en violaciones de derechos humanos, acciones de hostigamiento, amenazas, obstaculización de sus trabajos u otras formas de agresión contra los defensores de derechos humanos;
Cree y garantice el funcionamiento de mecanismos efectivos que permitan adelantar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales en materia de violaciones de derechos humanos y diferentes tipos de hostigamiento a defensores, de tal manera que los responsables sean juzgados y se otorgue una reparación adecuada e integral a las víctimas. Además, que los resultados de estas investigaciones se hagan públicos.

Frente al proceso constituyente y la nueva Constitución que surja de la Asamblea Nacional Constituyente, el Observatorio recomienda al Gobierno que:

Promueva una amplia participación del movimiento de derechos humanos en Bolivia;
Prepare de manera conjunta con el Defensor del Pueblo y los (as) defensores (as) de derechos humanos y comunidades indígenas un mínimo de propuestas de garantías constitucionales intangibles para la efectividad de dichos derechos.

Ustedes podrán encontrar el informe en las respectivas páginas Internet (website) de la OMCT y de la FIDH en los siguientes enlaces:
http://www.omct.org/pdf/observatory/2006/report/bolivia_040506_esp.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Bolivia_040506_esp.pdf

Para mayor información favor comunicarse con:
FIDH: + 33.1.43.55.25.18
OMCT: + 41.22.809.49.39
E-mail: Appeals@fidh-omct.org

Un programme de la FIDH et de l’OMCT - A FIDH and OMCT venture - Un programa de la FIDH y de la OMCT

Federación Internacional de Derechos Humanos
17, Passage de la Main d’Or
75 011 Paris, Francia

Organización Mundial Contra la Tortura
Case postale 21 - 8 rue du Vieux-Billard
1211 Genève 8, Suiza

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