La marcha contra la decisión de construcción de la carretera bi-oceánica, cuyo trazado prevé una división en dos partes del Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), donde viven 69 comunidades indígenas, se encuentra a punto de ser obstaculizada. Esta marcha, protagonizada por cerca de 1200 indígenas hombres, mujeres, niños y ancianos que partieron de la ciudad de Trinidad del Departamento de Beni rumbo a la ciudad de La Paz, se inició el 15 de agosto y se encuentra cerca de la localidad de Yucumo, población fronteriza del Departamento de Beni con el Departamento de La Paz. El gobierno central ha enviado agentes uniformados de la Policía Nacional a efecto de evitar el avance de la marcha, y grupos de colonizadores cocaleros se han dado a la tarea, con el beneplácito de las autoridades policiales, de impedir el avance de la marcha e inclusive de cortar el abastecimiento de alimentos y el libre tránsito de personas.
Las autoridades bolivianas decidieron invertir en la construcción de una carretera de 306 kilómetros con el objetivo de unir las poblaciones de Villa Tunari, al Sur del país, y San Ignacio de Moxos, al Norte, sin proceder a la consulta previa de las comunidades afectadas. «Es una paradoja que aunque el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas esté garantizado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y en el Convenio 169 de la OIT, del cual Bolivia es un Estado parte, el gobierno de Evo Morales haya, de forma unilateral, decidido del trazado de esta carretera sin buscar el consentimiento previo de la población afectada», afirmó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. La construcción de esta carretera provocaría daños ambientales irreversibles y amenazaría la salvaguardia de los usos y costumbres ancestrales de las comunidades indígenas que hacen vida en la zona.
Asimismo, la FIDH insta a las autoridades bolivianas a respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como a garantizar el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física e psicológica de los manifestantes. Adicionalmente, la FIDH insta a las empresas involucradas a ejercer su responsabilidad de debida diligencia para evitar de causar o contribuir a violaciones de derechos humanos.