FIDH condena represión y violencia en contra de protesta pacífica indígena

26/09/2011
Comunicado

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condena el uso desproporcionado de la fuerza en la represión de la protesta pacífica indígena en contra de la construcción de la carretera bioceánica e insta a las autoridades bolivianas a respetar el derecho a la vida y a la integridad personal de los manifestantes.

El domingo 25 de septiembre en Yucumo, localidad fronteriza del Departamento de Beni con el Departamento de La Paz, alrededor de 450 efectivos de la Policía Nacional arremetieron contra los 1200 hombres, mujeres, niños y ancianos que participaban en la marcha pacífica indígena en contra de la construcción de forma inconsulta de la carretera bioceánica, cuyo trazado prevé una división en dos partes del Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), donde viven 69 comunidades indígenas.

La represión habría dejado un saldo de cuatro muertos: tres niños menores de dos años y un anciano, así como más de 50 personas desparecidas. También, cerca de 200 manifestantes estarían siendo llevados en autobuses a lugares desconocidos, y 400 personas se encontrarían dispersadas y escondidas en los alrededores.

La marcha contra la decisión de construcción de la carretera bioceánica partió de la ciudad de Trinidad del Departamento de Beni rumbo a la ciudad de La Paz el pasado 15 de agosto. Las autoridades bolivianas decidieron invertir en la construcción de una carretera de 306 kilómetros con el objetivo de unir las poblaciones de Villa Tunari, al Sur del país, y San Ignacio de Moxos, al Norte, sin proceder a la consulta previa de las comunidades afectadas.

«Denunciamos y condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de Evo Morales en contra de una marcha pacífica encaminada a la defensa del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, contemplado en la Constitución adoptada en el 2009 por este mismo gobierno con el objetivo declarado de crear un marco normativo que garantice los derechos de los pueblos indígenas», se indignó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.

Ante la gravedad de los hechos, la FIDH insta a las autoridades bolivianas a garantizar el derecho a la vida y el derecho a la integridad física e psicológica de los manifestantes, el derecho a la protesta pacífica, así como a investigar con celeridad la responsabilidad de la Policía Nacional en la represión.

Recordando que el derecho a la consulta previa, libre e informada está garantizado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y en el Convenio 169 de la OIT, del cual Bolivia es un Estado parte, la FIDH también urge a que las autoridades bolivianas establezcan un diálogo con los manifestantes e instauren un mecanismo efectivo de consulta de la población afectada.

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