París, 18 marzo 2025. El contexto económico en Argentina se ha deteriorado drásticamente en los últimos meses, con medidas de ajuste estructural que han impactado de manera devastadora a los sectores más vulnerables. Los jubilados, que en su mayoría sobreviven con ingresos muy por debajo de la línea de pobreza, han visto sus condiciones de vida aún más precarizadas. Entre sus principales demandas se encuentran la actualización de las pensiones para recuperar el poder adquisitivo perdido, la restitución de la cobertura de medicamentos esenciales y la prórroga de la moratoria previsional, cuyo vencimiento en marzo amenaza con dejar sin pensión a miles de personas que no lograron completar los años de aportes necesarios.
Sin embargo, el gobierno argentino ha respondido con un uso desmedido de la fuerza, violando los principios internacionales que protegen la libertad de expresión y el derecho a la protesta. El 12 de marzo, más de un centenar de personas fueron detenidas de manera arbitraria, incluyendo dos niños, y al menos veinte manifestantes debieron ser hospitalizados por la acción represiva de la policía.
Entre los casos más graves se encuentra el del fotógrafo Pablo Grillo, quien fue impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno mientras documentaba la movilización. Actualmente se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado. La agresión contra Grillo representa una preocupante violación a la libertad de prensa, garantizada por tratados internacionales de derechos humanos.
La reciente modificación de normativas de seguridad por parte del gobierno de Milei legitimiza el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. El "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, derogó restricciones previas al uso de pistolas lanzagases y la portación de armas de fuego en manifestaciones, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos. Además, el gobierno busca criminalizar la protesta al pedir que se investigue la existencia de delitos como “sedición”, “atentado al orden público” y “asociación ilícita agravada”.
Es especialmente preocupante la retórica del gobierno, que ha justificado la violencia con discursos que califican las protestas como intentos de "desestabilización" o "actos terroristas", buscando deshumanizar los opositores. Estas declaraciones, además de ser infundadas, alientan una peligrosa persecución contra quienes ejercen su derecho a manifestarse y su influencia fue evidente en el accionar de los efectivos intervinientes, algunos de los cuales gritaban contra los “zurdos”.
Es igualmente preocupante la persecución (con amenazas de remoción y hasta de imputaciones penales) que funcionarios del Gobierno lanzaron contra la Jueza Karina Andrade, quien liberó a todas las personas detenidas ante el evidente incumplimiento por parte de efectivos policiales de los requisitos mínimos para controlar la legalidad de las detenciones, es decir, las circunstancias de modo, lugar, tiempo y las acusaciones concretas contra cada uno de ellos.
La FIDH insta al gobierno argentino a respetar los derechos humanos y garantizar la libertad de expresión y movilización. La comunidad internacional debe mantenerse vigilante ante el preocupante retroceso de los derechos y libertades en Argentina.
La FIDH reafirma su solidaridad con el pueblo argentino y su derecho a reclamar mejores condiciones de vida sin temor a represalias. El respeto a los derechos humanos no es negociable y debe ser garantizado por cualquier gobierno que se precie de ser democrático.