La causa ha recaído en el Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza Maria Romilda Servini de Cubría y se realiza sobre la presentación de los testimonios de dos familias de víctimas del franquismo, residentes en la Argentina. Se trata de Dario Rivas (90 años), hijo de Severino Rivas, quien fue ejecutado cuando era alcalde en la localidad gallega de Castro de Rei en Lugo, víctima directa de los hechos y de Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado al iniciarse la guerra civil en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.
La querella, de la que forman parte las tres organizaciones miembro de la FIDH, aplica el principio de jurisdicción universal contenido en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina, que hace parte de la misma los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscriptos históricamente por el Estado argentino. Se basa, a su vez, en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, que recoge el principio del derecho de gentes, contenido en la Constitución argentina desde 1853, entre ella el reconocido caso Priebke, de extradición del responsable nazi de la matanza de las fosas ardeatinas en Italia. Según este principio, el Estado puede- y debe-resolver y juzgar crímenes aberrantes aún cuando no hayan sido cometidos en su territorio, si los mismos permanecen impunes.
La querella se promueve ante los signos inequívocos de declinación de competencia para juzgar estos crímenes por parte del Estado español. En efecto, el único juez que ha intentado hacer cumplir las obligaciones internacionales del Estado español en la materia, el Sr. Baltasar Garzón, se ve hoy perseguido judicialmente al intentar satisfacer los derechos de las víctimas. Este extremo constituye declinación expresa del Estado español a ejercer jurisdicción propia sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en su territorio, que son, por imperio de los mismos tratados internacionales suscriptos por el Estado español, así como por el propio derecho de gentes, imprescriptibles e inamnistiables.
Las tres organizaciones querellantes pertenecientes a la FIDH, el CELS, la LADH y el CAJ a través de sus presidentes, Graciela Rosemblum, Horacio Verbistky y Juan Carlos Capurro, acompañan a los restantes querellantes, entre los que se cuentan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- Linea Fundadora, y el Serpaj, que preside el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Juan Carlos Capurro, a su vez, vicepresidente de la FIDH ha reiterado su apoyo a la querella para contribuir a que las víctimas de la dictadura franquista encuentren el eco imprescindible de la justicia que les ha sido negado en su país al tiempo que reclama que se investigue a los responsables en España del delito denegación de justicia frente a crímenes de carácter internacional perpetrados por el régimen franquista.