La FIDH condena el asesinato de Silvia Suppo, testigo clave en causas de la época de la dictadura en Argentina

31/03/2010
Comunicado

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) repudia firmemente el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida-desaparecida, testigo en el juicio contra el ex juez Brusa e impulsora de la causa en la cual se investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977.

Silvia Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2010 en el interior del negocio que tenía en el centro de la ciudad de Rafaela, Argentina. Recibió doce puñaladas que acabaron con su vida. Cabe senalar que en el proceso sobre la desaparción del Sr. Hammeter dos de los cuatro imputados residen en la ciudad de Rafaela.

La policía argentina baraja la hipótesis del robo, al faltar el dinero de la caja registradora y algunas mercancías. Sin embargo, según la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, no alberga ninguna duda de que ha sido asesinada por su calidad de testigo, según declara “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo” [1].

La FIDH no tiene datos suficientes para posicionarse a favor de la hipótesis del asesinato de Silvia por su calidad de testigo. Aún así, e independientemente de que no haya sido éste el móvil del crímen, la FIDH denuncia la insuficiencia de mecanismos de protección de víctimas y testigos en los casos judiciales exsitentes en Argentina relacionados con crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En efecto, si bien Silvia Suppo no se encontraba acogida al programa de protección de testigos, la responsabilidad de su protección figuraba objetivamente entre las obligaciones contraidas por el Estado argentino en defensa de los testigos en causas por razón de los crímenes cometidos durante la dictadura, por lo que su muerte se produce en un contexto de indefensión derivado de esa circunstancias.

Este asesinato viene añadirse a la desparación, en el 2006, de Julio López, ex detenido desaparecido, también testigo clave en una de las mayores causas de la dictadura, que sigue sin ser resuelta.

La FIDH condena la falta de protección adecuada para los testigos y declarantes. Recuerda además que crímenes como el acontecido siembran el terror colectivo y perjudican gravemente las causas abiertas contra los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. La FIDH teme repercusiones negativas en testigos y declarantes de otros juicios en defensa de los derechos humanos, que bajo miedo y presión, podrían inhibirse de hacer las declaraciones en la forma objetiva y exhaustiva que sería pertinente a dichos procesos.

La FIDH urge a las autoridades argentinas a arbitrar todos los medios en ejercicio de su autoridad para que se esclarecen las circunstancias y los motivos del asesinato de Silvia Suppo y que sus responsables sean sancionados.

La FIDH reitera su solicitud, formulada en su informe publicado en marzo del 2009 [2] , de que se garantice de forma efectiva y con todos los medios necesarios la seguridad e integridad personal de víctimas, testigos, imputados o acusados, jueces, fiscales y funcionarios judiciales, militantes y abogados de organismos de derechos humanos que operen en los juicios por los crímenes contrala humanidad. En caso de que las víctimas o los testigos no quieran acojerse al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, por considerarlo insuficiente, el Estado debe ofrecer alternativas de protección que sean eficientes.

Finalmente, la FIDH solicita a las autoridades argentinas que tomen todas las medidas necesarias [3] para que los juicios se desarrollen con mayor celeridad, para cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, junto con una garantía de no repetición de estos crímenes.

Contacto prensa:
Juan Carlos Capurro, vice-presidente de la FIDH, 00336 27 09 96 46

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