El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se dirige a usted para expresarle vivamente su preocupación por una serie de ataques a las libertades democráticas, actos violentos y criminalización de la protesta social ocurridos recientemente en la provincia de Neuquén.
En esta provincia a finales de diciembre de 2004, en un discurso pronunciado ante la Policía por el Señor Ministro de Seguridad de Neuquén, Luis Manganaro, éste caracterizó como « tropas irregulares » a los trabajadores que vienen manifestando distintos reclamos gremiales, así como de « delincuentes » a los sectores de oposición al gobierno de esa provincia.
En este contexto, el Ministro Manganaro acusó públicamente al doctor Mariano Mansilla, director del Comité de Acción Jurídica (CAJ), de ser « instigador de delitos » por haber participado en apoyo de una movilización sindical que formuló legítimos reclamos laborales ante la subsecretaría de Trabajo de esa provincia. El señor Manganaro agregó que el Dr. Mansilla, quien es asimismo destacado abogado de varios sindicatos de la CTA - Central de Trabajadores de Argentina, debería « ir preso » y que espera que no siga libre « por mucho tiempo más ». El funcionario no ha probado ante la Justicia ninguno de estos cargos ni presentado prueba alguna sobre sus aseveraciones.
Luego de estas declaraciones del Ministro neuquino, el 6 de marzo 2005 la esposa de un trabajador de la empresa Zanon - sector comprendido por las acusaciones del ministro Manganaro - fue secuestrada durante varias horas y torturada salvajemente, recibiendo cortes de navaja en el rostro, el pecho y diversas partes de su cuerpo. Sus secuestradores, que se desplazaron con total impunidad, advirtieron que el mensaje era « para todos los del sindicato ». El Observatorio considera que dichos acontecimientos están relacionados con las acusaciones del Ministro Manganaro, ya que se ha constatado una ola de amenazas contra diversos sectores representativos de la comunidad de Neuquén.
Además, el Observatorio se encuentra preocupado en particular por las amenazas recibidas por la Defensora oficial de los Derechos del Niño, doctora Nara Oses, quien recientemente, ha sido amenazada de muerte reiteradamente por vía telefónica. Es de destacar que la señora Oses viene siendo cuestionada por el gobierno de Neuquén el cual ha presentado un proyecto de ley provincial para apartarla de su tarea específica.
Ante esta situación, el Observatorio urge al señor Presidente para que el Estado argentino arbitre los medios necesarios a efectos de garantizar la integridad física de los doctores Mansilla y Oses, en tanto destacados defensores de los derechos humanos en la provincia de Neuquén, así como de los sectores sindicales agredidos por estos hechos. Así también solicita que por su intermedio se solicite al señor Manganaro la inmediata rectificación de sus declaraciones, a posteriori de las cuales se ha desatado esta serie de agresiones y delitos contra la sociedad civil neuquina. De no ser así, se arbitren los recaudos institucionales para solicitar al ministro de Seguridad de esa provincia así como al señor gobernador Jorge Sobisch, quien no ha desautorizado la conducta de su funcionario, respondan por la misma, ya que resulta contraria a los derechos y obligaciones internacionales suscriptos por el Estado argentino y ratificados en su Constitución Nacional - artículo 75, inciso 22.
De manera general, el Observatorio recuerda que Argentina, de acuerdo con la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, tiene el deber de proteger el Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1), y de garantizar « la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración » (Art.12.2). Tales obligaciones del Estado se encuentran igualmente proclamadas por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)], adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999.
Confiando en su apego en los derechos humanos, muy respetuosamente, nos suscribimos ante usted,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Director de la OMCT