Estas amenazas fueron denunciadas el 27 de marzo por la Sra. Laruffa ante el Tribunal Federal de la Localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, según informa la LADH, hasta el 7 de abril de 2009, ninguna respuesta efectiva por parte de las autoridades judiciales o administrativas había sido obtenida.
Por otra parte, ninguna respuesta clara fue tampoco obtenida a la petición al Gobierno nacional de incorporar a la Sra. Laruffa al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPTI), las autoridades solamente subrayaron que este programa no abarca a los abogados de las partes. La ley que creó este programa establece medidas de protección para los testigos e imputados cuyos testimonios son relevantes para la investigación.
El Observatorio considera fundamental que la Sra. Laruffa beneficie de medidas de protección, sea en el marco del PNPTI u otro programa, en conformidad con el artículo 12.2 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, el cual recalca el deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración”.
En efecto, las amenazas en su contra tienen que ver directamente con la labor de la Sra. Maria Soledad Laruffa a favor de la justicia, y en particular en el caso de la desaparición y asesinato del Sr. Floreal “Negrito” Avellaneda, caso para el cual el juicio está a punto de comenzar. Por lo tanto, el Observatorio manifiesta su seria preocupación por su integridad física y psicológica, y urge a las autoridades provinciales y estatales a que aseguren plenamente su seguridad.
Además, el Observatorio urge de manera general a las autoridades a que tomen las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad de todos los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos bajo la dictadura.
El Observatorio recuerda que en su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006, la CIDH expresó “que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia” y reconoció al igual que la Corte Interamericana que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen [su] trabajo […]”[1].
Antecedentes:
El 23 de marzo de 2009, la Sra. Laruffa había recibido una llamada telefónica amenazante en su celular de parte de desconocidos El 26 de marzo de 2009, fue interceptada por dos desconocidos a bordo de una moto, con los rostros ocultos por los cascos, que volvieron a amenazarla avisándole “que la corte con eso de los derechos humanos”, y evidenciando además la existencia de un “grupo en condiciones de actuar secuencialmente”.
Estos actos de hostigamiento coincidieron con los preparativos del histórico juicio por el asesinato en 1976, de Floreal Avellaneda, conocido como “El Negrito”, militante de 15 años de edad de la Federación Juvenil Comunista. El inicio de este juicio está previsto para el 27 de abril de 2009 y durante el mismo serán juzgados el Gral. Santiago Omar Riveros y sus cómplices. El 24 de marzo de 2009, se realizó un acto de reclamo de justicia para Floreal Avellaneda durante una jornada de conmemoración, durante la cual la Sra. Laruffa obsequió a la madre del Negrito una remera estampada con su rostro en nombre de los jóvenes de la LADH.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Argentina urgiéndolas a:
i. tomar de inmediato las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. María Soledad Laruffa, así como de los demás militantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que trabajan por la defensa de los derechos humanos y a favor de la justicia de cara a las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar;
ii. otorgar en este sentido una protección efectiva a favor de la Sra. Laruffa en línea con el PNPTI;
iii. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas y actos de hostigamiento en contra de la Sra. María Soledad Laruffa, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y de violencia en contra de los defensores que trabajan por el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y la justicia, y en general de los defensores de los derechos humanos en Argentina;
v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en el Art.12.2 mencionado arriba;
vi. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Argentina.
Direcciones:
· Dra. Cristina Fernández de Kichner, Presidenta de la República Argentina, Casa Rosada, 24 Balcarce, Buenos Aires, Argentina, AAB1064, FAX: + 54 11 434 43800 FAX : + 54 114 344 38 45 / + 544 344 38 47
· Sr. Anibal Florencio Randazzo, Ministro del Interior, E-mail: info@mininterior.gov.ar; 25 de Mayo 101/145 (1002) Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL.: + 54 11 4339 0800
· Dr. Aníbal Fernández, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Sarmiento 329.
(1041) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. FAX: + 54 11 4328 6148. TEL.: + 54 11 4328 3015 al + 54 11 4328 3019
· Dra. Nilda Garré, Ministra de Defensa, Azopardo 250 (1328) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. TEL.: + 54 11 4346 8800. E–mail: nildagarre@mindef.gov.ar / webmaster@mindef.gov.ar
· Dr. Eduardo Duhalde, Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. TEL.: +54 11.5167-6500
· Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, Av. Callao 970. (C1023AAP) Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. TEL. : + 54 11 4814 8400 Email: mesaentradas@mpd.gov.ar
· Dr. Esteban Righi Procurador General de la Nación, Av. de Mayo 760. (C1084AAP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. TEL.: + 54 11 4338 4300. Email: web@mpf.gov.ar
· Sr. Embajador Alberto J. Dumont, Misión Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Route de l’Aéroport 10, Case postale 536, 1215 Ginebra 15, Suiza, Fax: + 41 22 798 59 95 / + 41 22 798 19 92 E-mail: mission.argentina@ties.itu.int;
· Sr. Jorge Remes-Lenikov, Embajador de Argentina en Bruselas, Louisalaan 225, bus 3, 1050 Brussel. Bélgica. TEL.: + 32 (0) 2 647 78 12, + 32 (0) 2 647 90 02 FAX: + 32 (0) 2 647 93 19
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Argentina en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 8 de abril de 2009
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.