Anulación de las "leyes de impunidad" en Argentina: un primer paso !

14/08/2003
Llamado urgente

La Federación internacional de derechos humanos (FIDH) acoge con gran satisfacción la aprobación por mayoría de dos tercios de la nulidad de las leyes de amnistía por parte de la Cámara de diputados de Argentina, apoyada por el Argentina por una República de Iguales (ARI), el Frente por un País Solidario (FREPASO), Izquierda Unida y por la mayoría del Partido Justicialista.

Sin embargo, tras la aprobación por la Cámara de representantes, para que esta medida sea efectiva debe ser aprobada por la Cámara de Senadores, la mayoría de cuyos miembros ha manifestado sus reservas respecto de la aprobación de este proyecto.

Esta voto de la Cámara de Diputados se produce después de que el presidente de Argentina, Nestor Kirchner, depositara a principios de esta semana los instrumentos de ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, posibilitando su entrada en vigor en 90 días. Paralelamente, manifestando una vez más su voluntad de luchar contra la impunidad, Kirchner transmitió a la Cámara de Representantes un proyecto de ley para otorgar a esta Convención rango Constitucional.

Las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que habían sido promulgadas en 1986 y 1987 respectivamente, imposibilitaban que los Tribunales argentinos sancionasen a los responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos los crímenes más graves, cometidos entre 1976 y 1983.

Además, la FIDH lamenta que los indultos presidenciales otorgados por Carlos Menem entre 1989 y 1990 a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos de más alto rango, como Rafael Videla y Emilio Macera y todos los comandantes en jefe de la dictadura no ha sido aprobada por la Cámara de Diputados.

La FIDH urge a la Cámara de Senadores que apruebe sin reservas la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

Además, la FIDH urge a la Corte Suprema de Justicia que tome en cuenta la reciente ratificación y otorgamiento de rango constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, lo que implica que se declare inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

De este modo, las víctimas de la dictadura y sus familias, que habrán debido esperar más de 27 años, podrán entrever la posibilidad de que los responsables de graves crímenes sean juzgados y sancionados.

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