1. Cuál es tu sensación al día de hoy, 40 años después del golpe de estado en Argentina?
Hoy conmemoramos el 40 aniversario del golpe de Estado que posibilitó la instalación de la dictadura militar de 1976 a 1983.
La dictadura militar argentina fue una de las más sangrientas del siglo pasado, dejando a su paso más de 30.000 personas asesinadas, detenidas arbitrariamente y torturadas, o desaparecidas; entre las víctimas hubo estudiantes, sindicalistas, abogados y periodistas.
El Estado argentino tiene una deuda con aquellas víctimas de la masiva represión que dejó la dictadura, deuda que a pesar de los avances dados en los últimos años, aún no está saldada. Si bien es cierto que el proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad ha superado algunos de los obstáculos y ha consolidado importantes logros, aún queda mucho por hacer. El Estado debe abrir los archivos de la época de la dictadura para que se conozca el destino de los desaparecidos y de los bebes secuestrados.
Es importante afirmar que el proceso legítimo de la memoria, verdad y justicia ha venido constituyéndose, poco a poco, gracias a la tenaz movilización del pueblo argentino. Esto obligó a una revisión de una política de Estado que negaba ese derecho, a través de las leyes de obediencia debida y punto final, finalmente derogadas.
El fracaso de la dictadura instalada en 1976 explica esta larga y firme duración de las libertades democráticas. Cuarenta años en los cuales se ha puesto en evidencia el genocidio cometido para defender un plan económico infructuoso. El descrédito del golpismo cívico-militar proviene de la claridad lograda sobre sus verdaderos objetivos, de naturaleza económica, y los crímenes empleados para tratar de imponerlos.
Mañana todxs a la Plaza.#40añosdelGolpe #40añosdeLucha #SinDerechosNoHayDemocracia pic.twitter.com/yiRyHeTdoE
— CELS (@CELS_Argentina) 23 mars 2016
2. Cuál es la situación de las víctimas? han tenido acceso a la justicia y a reparaciones?
Las víctimas han tenido acceso a la justicia luego de una larga lucha, incluidas las leyes de amnistía del “punto final” de 1986 y de “obediencia debida” de 1987, finalmente declaradas inconstitucionales en 2005. Ha sido la movilización ciudadana, las asociaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos las que impusieron ese avance en el proceso de memoria, verdad y justicia.
En la actualidad el proceso de justicia que busca determinar las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, demuestra una cierta evolución.
La decisión de la justicia argentina de octubre de 2011 fue, en este sentido, un fallo histórico para las víctimas de la dictadura militar argentina. Los tribunales argentinos concluyeron que en el centro clandestino de detención de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) se cometieron crímenes de lesa humanidad y declararon la responsabilidad penal de 16 funcionarios, incluidos los principales jefes de la ESMA, como Alfredo Astiz, condenándolos a penas entre 18 años y cadena perpetua.
Al día de hoy, de las 615 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, 293 se encuentran en una unidad penitenciaria y 193 cumplen arresto domiciliario. De la misma manera, la situación de los acusados por delitos de lesa humanidad refleja que 939 personas han sido procesadas, de las cuales 615 condenadas y 402 han fallecido durante el proceso. Cabe recalcar que 2.489 de las personas acusadas por delitos de lesa humanidad pertenecieron a las fuerzas armadas y de seguridad y 344 civiles.
Por otra parte, de las personas condenadas en juicios de lesa humanidad, el 32% fueron acusadas por privación de libertad, el 26% por torturas, y 16% por homicidio.
Para mas estadísticas sobre los juicios sobre la dictadura militar argentina, ver el blog del CELS |
Uno de los avances importantes en materia procesal es en relación al juzgamiento de los crímenes de violencia sexual. De hecho, la violencia sexual fue una de las formas de represión utilizadas por el régimen dictatorial y era considerada como parte del plan de exterminio configurado por las Fuerzas Armadas. Particularmente en estos casos han habido progresos, ya que se ha llegado a sentencias condenando a la violencia sexual como un delito específico y no como parte de las torturas. Por ejemplo, en la sentencia de la causa “Sambuelli” de septiembre 2013, se condenó a cinco personas por el delito de violación sexual agravada, diferenciando así a la violencia sexual como un delito autónomo, específico y no como parte de las torturas. El hecho de no diferenciar a la violencia sexual dentro de la tortura, impide reflejar la particularidad de la agresión, destinada a destruir psicológica y moralmente a las personas secuestradas.
3. Luego de 40 años, cuál es la situación actual de los derechos humanos en Argentina?
Los avances logrados son importantes. Han fijado un límite a los sectores golpistas, que aún viven entre nosotros y , en muchos casos, siguen ejerciendo cargos públicos, particularmente en las fuerzas armadas y de seguridad. El nuevo gobierno manifiesta abiertamente su desapego hacia los derechos humanos. Esa tendencia expresa una política de creciente limitación a las libertades democráticas, que comenzó con el anterior gobierno ( Proyecto X de espionaje a opositores; represión de protestas; designación del general Milani, acusado de secuestro bajo la dictadura). A pocos meses del nuevo gobierno, se ha instalado una creciente ola de amenazas, agresiones y represiones a la protesta, que el gobierno avala por acción u omisión. Lamentablemente, han comenzado los “seguimientos” de opositores, desde autos sin identificar, o se presentan casos de dudosos delitos “comunes” en donde las víctimas son allegados a dirigentes opositores. Esto debe prender una señal de alarma sobre la posible deriva del nuevo gobierno del presidente Macri.
El trabajo de memoria, verdad y justicia no ha concluido y queda mucho por responder a los familiares de las víctimas. Los avances de los procedimientos judiciales contra los perpetradores de los crímenes de la dictadura militar deben contribuir al trabajo de memoria y a las garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos en el país. La mayor garantía de este esfuerzo se centra en la continuidad de la movilización ciudadana, de los familiares de víctimas del pasado y de las organizaciones de derechos humanos que defienden el ejercicio de las libertades en la actualidad.