La negativa de la Corte Suprema para procesar este caso valida la decisión de un tribunal inferior forzando a Argentina a pagar a los acreedores también conocidos como "fondos buitres" que habían adquirido títulos de deuda soberana después del ultimo default de la Argentina, pero no aceptaron los acuerdos de reestructuración de 2005 y 2010. Esta decisión podría conducir de nuevo a la Argentina a un cese de pagos y tener un impacto negativo en su capacidad de respetar, proteger y cumplir todos los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes advierten que este conflicto sobre la deuda soberana entre la Argentina, los fondos buitres y el sistema judicial de los Estados Unidos no debe ser visto como un caso aislado, sino más bien como la expresión de un problema global que afecta a la aplicación efectiva de los derechos humanos.
Este caso demuestra la necesidad de mantener un equilibrio entre los intereses de los acreedores y los deudores que garantice que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones de proteger y cumplir los derechos humanos. Como reconocido por las Naciones Unidas, "las estrategias en materia de deuda externa deben ser diseñadas de manera que no obstaculicen la mejora de las condiciones que garantizan el ejercicio de los derechos humanos y deberían, entre otras cosas, asegurar que los Estados deudores logren una tasa de crecimiento suficiente para satisfacer sus necesidades sociales, económicas, de desarrollo, y para cumplir con sus obligaciones con los derechos humanos”. La Corte Suprema de los Estados Unidos perdió la oportunidad de respetar este principio.
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