Boletín de Prensa INREDH
Javier Ramírez, líder campesino de Intag que se opone a la minería, fue condenado a 10 meses de prisión, por delitos de rebelión, sabotaje y terrorismo, al haberse opuesto a la explotación minera en INTAG. A Ramírez se lo acusó de supuestamente agredir a funcionarios que viajaban en una camioneta de la Empresa Nacional Minera (Enami). El hecho habría sucedido el 6 de abril del 2014.
Ramírez fue detenido el 10 de abril de 2014; desde entonces ha mantenido prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. La sentencia dada por el presidente del tribunal, Leonardo Narváez, en la audiencia de juzgamiento realizada este 10 de febrero de 2015, coincide con el periodo que ya estuvo preso.
Los jueces encargados de casos en donde se juzga a defensores de derechos humanos y de la naturaleza han tomado la costumbre de dictar sentencias condenatorias haciendo coincidir el periodo en que los acusados han mantenido prisión preventiva; así pasó con los 10 de Luluncoto, que guardaron prisión por un año, y los estudiantes del Central Técnico condenados a 21 días de prisión.
En el caso de Manuel Molina, otro defensor juzgado en Macas por terrorismo, en cambio se lo mantuvo cuatro meses en prisión preventiva antes que el juez determinara su inocencia y procediera a dejarlo en libertad.
La prisión preventiva en el Ecuador, fijada en el Art. 77, n. 11 de la Constitución del 2008, y el Código de Procedimiento Penal, en el Art. 160, señalan varias alternativas a la prisión preventiva, como por ejemplo que el acusado no pueda abandonar el país, o debapresentarse cada cierto tiempo ante la autoridad; entonces, ¿porquéno se da medidas sustitutivas a la prisión preventiva encasos en los que se enjuicia a defensores como el de Javier Ramírez y otros que han sido juzgados por participar en protestas sociales? ¿Quién ahora indemnizará a Manuel Molina por el tiempo perdido en prisión preventiva antes de ser declarado inocente?
Para los casos de personas involucradas en protestas sociales, la prisión preventiva se ha convertido en el cumplimiento de una condena anticipada, luego de la cual los jueces únicamente emiten sus sentencias considerando el tiempo transcurrido en prisión, de esta manera legitiman la prisión y cumplen con los deseos gubernamentales de castigar a quienes protestas frente a sus políticas.
En las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbaburase vivía un ambiente de alegría, organizaciones sociales, familiares y amigos, que llenaban más de una cuadra con un solo propósito, exigir la libertad de Javier Ramírez Piedra, se alegraron con la noticia de su libertad; sin embargo la pena ha sido ya impuesta y cumplida, configurándose en nuevo caso de criminalización de la protesta social.