Mediante una decisión ejecutiva, bajo la forma de una resolución, el gobierno argentino acaba de autorizar a las fuerzas federales a tirar a matar contra cualquier persona que, a juicio de aquellas, incurra en peligro de fuga, esté o no armada, si se "presume que pueda ser un delincuente".
En este escaso resumen, el decreto impone una pena de muerte, algo de por si aberrante, sea o no legal, con el agravante de que en este caso ni siquiera hay ley del Congreso, ni el debido juicio previo para imponer esa pena ilegal, no autorizada por la legislación penal argentina.
La medida es una autorización, lisa y llana, para que las fuerzas de policía y gendarmería asesinen, incluso por la espalda, sobre la base de la sola decisión de quien dispara.
El decreto autoriza a disparar bajo la mera sospecha y sin obligación de dar voz de alto, ni evaluar otro medio de detener a la persona, distinto al de disparar el arma.
De esta manera, el gobierno alega "reglamentar" el uso de armas, modificando el criterio, universalmente aceptado, de que el uso de armas sólo se autoriza ante un enfrentamiento armado, debidamente comprobado, y como último recurso, dada su gravedad.
A su vez, la medida no sólo pone en riesgo de muerte a cualquier persona supuestamente sospechosa, que, al sólo juicio del agente federal se "esté fugando" , sino que pone en riesgo de muerte al conjunto de los ciudadanos, ya que disparar en lugares públicos pone en riesgo al conjunto de la población, que circula sin prevención alguna por las ciudades. De allí que en todo el mundo civilizado, se restrinja severamente el uso de armas de las fuerzas de seguridad en lugares abiertos.
Esta resolución resulta inconstitucional no sólo por su sustancia, sino también por la vía adoptada, dado que pretende legislar en materia penal, materia expresamente vedada al Poder Ejecutivo por la Constitución argentina.
La medida del gobierno procura consolidar una tendencia que viene impulsando desde hace meses, cuyo objetivo es fortalecer la impunidad de sus cuerpos especiales, ante los hechos de violencia protagonizados por estos, en la represión de las protestas sociales. No es casual que este decreto se anuncie en el contexto de un creciente descontento popular, ante la brutal caída de la economía, la desocupación y el alza de impuestos y servicios públicos.
Los casos de asesinato policial a jóvenes en los barrios se han multiplicado en estos últimos dos años. El joven mapuche Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por fuerzas federales cuando participaba de una manifestación pacífica en reclamo de tierras. El juez que interviene en el caso de Santiago Maldonado denunció que fue amenazado para dejar impune la causa. Maldonado estuvo desaparecido durante más de 70 días y apareció muerto en un lugar que ya había sido registrado, sin encontrarlo. Esto ocurrió cuando la gendarmería reprimió una protesta del pueblo mapuche.
El CAJ plantea la inconstitucionalidad de este decreto, y llama a movilizarse contra el mismo, advirtiendo a la comunidad internacional sobre el creciente giro antidemocrático del gobierno argentino, cuyas consecuencias resultan imprevisibles. Ello, teniendo en cuenta el desprestigio del gobierno y el deterioro del nivel de vida de la población, que se profundizará en los próximos meses.
El CAJ, de conjunto con todas las organizaciones de derechos humanos de Argentina, llama a la comunidad internacional a pronunciarse contra este decreto, verdadera pena de muerte sin ley ni juicio, hecho aberrante y contrario a las libertades conquistadas luego de la caída de la última dictadura.