El día de hoy se cumplen 6 años de un hecho que interpeló al país y al movimiento de derechos humanos de manera profunda: El Baguazo, fecha en la que fallecieron 33 peruanos, se registraron 200 heridos (80 de ellos por armas de fuego) y un desaparecido en el marco del Paro Amazónico que se originó en protesta a la llamada Ley de La Selva que comprendía 10 decretos legislativos que afectaban a los territorios de los pueblos indígenas y que violaban el convenio 169 de la OIT, particularmente, el derecho a la consulta previa.
Se sabe que en el periodo de Alan García murieron 195 personas y en lo que va de la gestión de Ollanta Humala se han registrado más 40 personas fallecidas en las protestas sociales. Desde APRODEH, institución con más de 30 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos de nuestro país que vivió duros y dolorosos hechos producto del conflicto armado interno nos preguntamos pasado ese capítulo: ¿Qué tanto se aprendió de la valoración a la vida, después de la recuperación de la democracia?, ¿Qué tanto hicimos por respetar a las diferentes culturas que conforman nuestra nación?
El caso Bagua no es un tema aislado, sino que representa una realidad que se ha reproducido en el país durante la última década. Así, la Defensoría del Pueblo señala que el 70% de los conflictos sociales son de tipo socio ambiental, viéndose afectados derechos sociales, territoriales, culturales y medioambientales.
En octubre del 2009 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros, APRODEH y CEDAL, pidieron a las autoridades peruanas “Garantizar los derechos de las víctimas y de sus familiares a la verdad, a la justicia y a la reparación. Todas las violaciones de derechos humanos denunciadas deberán ser investigadas, sin discriminación alguna, y las víctimas deberán tener un igual acceso a los tribunales”. Sin embargo, luego de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños se abrieron 2 procesos para investigar las responsabilidades de las fuerzas policiales que participaron en el operativo y 6 para investigar las responsabilidades de ciudadanos mayormente miembros de pueblos indígenas; y ninguno sobre las responsabilidades de los que ordenaron el operativo desde Lima, con armamento de guerra; a sabiendas que los awajun y wampis habían decidido retirarse el 5 de junio a las 10.a.m.
A 6 años del Baguazo, APRODEH exige:
– Que el Estado canalice de forma dialogante las diversas demandas que subyacen a las protestas sociales, particularmente, la que se demandó en Bagua que es el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.
– Que el Estado deslinde de manera justa las responsabilidades materiales e intelectuales de de los causantes de la violencia contra la población que originó la muerte de civiles y decenas de heridos, y que en esta búsqueda de la verdad se deponga la persecución de personas que no cometieron actos de violencia y que de manera legítima venía ejerciendo su derecho a la protesta. Este es el caso de 7 dirigentes sobre los que pesa pedido de cadena perpetua y por otra parte, ninguna responsabilidad a los autores mediatos y responsables políticos.
– Que el Estado cumpla con su rol de garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en sus territorios, que además de vivir escenarios continuos de criminalización a la protesta social, se encuentran constantemente amenazados por mafias ilegales de actividades forestales y mineras. Tal es el caso de Edwin Chota quien murió el 2014 después de haber denunciado innumerables veces estas mafias y exigido la garantías a su vida.
¡Bagua no se olvida!
Lima, 5 de junio del 2015