Sin dudas puede definirse una sentencia histórica. Sobrepasando también el desastre a nivel de imagen internacional originado por la sentencia 168-13, la más reciente sentencia n. 256-14 del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos pone simultáneamente de espaldas a la misma Constitución dominicana y al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, negando a “todos los dominicanos la posibilidad de tener acceso a la justicia internacional para la protección de sus derechos fundamentales" como ha declarado en el día de hoy Kerry Kennedy, Presidenta del Centro Robert F. Kennedy.
El acto impugnado, firmado el 19 de febrero de 1999 por el ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández, es el siguiente “El Gobierno de la República Dominicana por medio del presente instrumento, declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazamos firmemente y condenamos la sentencia n. 256-14 del Tribunal Constitucional además que solicitamos la unificación de los esfuerzos colectivos para denunciar cuanto está pasando en nuestro país en todas las instancia internacionales a las que tenemos acceso, y en el Día de la Constitución, no tenemos miedo en pedir definitivamente la renuncia de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional ya que es definitivamente comprobado que están poniendo esta suprema instancia a los servicios de un grupo minoritario que lo que busca es poner de espaldas el país a la comunidad internacional para seguir actuando a su libre antojo violentando impunemente los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos dominicanos.
Rechazamos la sentencia por diferentes razones
En el plano teórico, por ser una sentencia torpe, burda y lo más grave, política.
Burda porque no tiene ningún fundamento jurídico y además está viciada por un sinnúmero de errores groseros donde reiteradamente se confunde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Política, porque representa la expresión de la voluntad de perpetrarse en el poder, de un grupo ultraconservador que busca consenso a costa de la negación de los derechos fundamentales del pueblo dominicano.
La rechazamos además en el plano meramente técnico, por el hecho de que el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tratado internacional y por lo tanto no necesita de aprobación del Congreso de la Republica y que el verdadero tratado, representado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha sido firmado el 7 de septiembre de 1977 y ratificado por el Congreso de la República Dominicana mediante Resolución núm. 379 del 25 de diciembre de 1977.
Con esta sentencia una vez más se violan un sinnúmero de artículos de varios tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana y se llega a la paradoja de declarar inconstitucional y desconocer la misma Constitución dominicana ya que en el Art. 74 numeral 3 esta declara que: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.
El Tribunal Constitucional, además, al desconocer la competencia de la CorteIDH “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos” pretende con esto de forma sutil desconocer la misma Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las que emanan las obligaciones en tema de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que el Estado dominicano ha reiteradamente violado en todos estos años, negando la ciudadanía a los dominicanos de ascendencia haitiana y deportando masivamente y de manera irregular tanto ciudadanos dominicanos cuanto nacionales haitianos sin el respeto de sus garantías y derechos civiles, lo que nos ha ganado la semana pasada la condena de la CorteIDH.
En el caso especifico es por la negación de la ciudadanía a los dominicanos de ascendencia haitiana, en el futuro será por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, luego podría ser por las limitaciones a las libertades civiles y políticas fundamentales. Como ciudadanos no podemos permitir que se nos cierren los espacios de justicia internacional que a pleno título nos insertan en el cuadro del mundo civilizado, ya que como Estado, todo deja pensar que hemos tomado un mal camino, donde los fantasmas de un pasado oscuro y represor se asoman una y otra vez a la ventana.
Sin embargo, es también importante subrayar que los tratados internacionales en tema de derechos humanos en general y en el caso específico la Convención Americana sobre Derechos Humanos están redactados sobre la base de “valores comunes superiores” y se “aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva. No tuvieran por lo tanto razón de ser si fueran tan sencillamente expuestos al libre antojo de los poderes estatales, después de que estos no han sido capaces de otorgar justicia con los instrumentos del Derecho Interno obligando sus ciudadanos (o sus víctimas) a buscarla en las cortes internacionales.
En conclusión, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es prevista la cláusula según la cual se puede ejercer la soberanía de no respetar los tratados internacionales firmados y ratificados en materia de derechos humanos.
Estamos en el siglo XXI y el Derecho Internacional ha dotado los pueblos de instrumentos maravillosos para que puedan ver garantizados sus derechos lejos de los confines nacionales cuando los Estados actúan al margen de la justicia y de la protección de los derechos humanos.
Reiteramos una vez más que adoptando en forma distorsionada el concepto de soberanía se está deliberadamente confundiendo al pueblo dominicano, al que le hacemos un llamado a velar por los verdaderos intereses de nuestra Nación, que son el respeto de los avances logrados en tema de defensa de los derechos humanos, su elevación a rango constitucional en nuestra Carta Magna del 2010 y la protección del Estado Social y Democrático de Derecho como consagrado en la misma.
Con esta sentencia estamos marchando hacia atrás en la línea del tiempo de la historia y una vez más nos estamos poniendo, persiguiendo intereses que nada tienen que ver con el bien superior de la Nación, en el banquillo de los imputados. Recordamos que la mayoría de los tratados económicos y de la otorgación de fondos por el desarrollo que provienen de Estados Unidos y de la Unión Europea están vinculados al respeto por parte de los países beneficiarios de los derechos humanos.
Lamentamos mucho que sea propio el Tribunal Constitucional, organismo creado expresamente para defender y promover nuestra Constitución, el que la esté violentado de una forma tan bruta y descarada.
Lamentamos la doble cara que en tema de derechos humanos y en forma específica en tema de migración está teniendo el Gobierno dominicano, donde por un lado se promueve la Dirección General de Derechos Humanos o se declara en las cumbres internacionales que somos un país respetuoso de los derechos humanos y por otro lado tenemos un Tribunal Constitucional que está ejecutando “el trabajo sucio” por cuenta del Estado.
Llamamos a la unidad de los sectores progresistas de la sociedad y de todas las organizaciones que como nosotros se ocupan de la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, abogamos, y nos ponemos a disposición por eso, por la organización de un frente de lucha coordinado que tenga el objetivo de contrarrestar esta política destructiva de nuestra imagen que nos llevará a cabo de un tiempo muy breve a estar al margen de la comunidad internacional.