El pasado 13 de febrero de 2013, la Jueza uruguaya Mariana Mota fue trasladada de su juzgado, la Sede Penal de 7º Turno en Montevideo, a un juzgado civil de primer turno. Según la Suprema Corte de Justicia, este traslado está justificado en una reestructuración de los juzgados. Al mismo tiempo, señala que la Jueza no ha sido degradada, sino que se trata de un «cambio horizontal».
La Jueza Mariana Mota estaba investigando causas contra militares y civiles responsables de crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985). Entre los casos que ya han sido juzgados se encuentra el del dictador Juan María Bordaberry, condenado en 2010 a treinta años de cárcel por los delitos de atentado a la Constitución, desaparición forzada y homicidio agravado.
Se recuerda que Uruguay ha sido condenado en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gelman vs Uruguay, y tiene la obligación de facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente, con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Retirar a una jueza que conoce muy bien este tema no parece satisfacer esta obligación.
El Observatorio expresa su temor ante este cambio de juzgado, en la medida en que parece constituir una sanción por haber aplicado el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales, en particular en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades uruguayas a que velen por la imparcialidad e independencia de la justicia y la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
El Observatorio solicita, además, a las autoridades que se garantice la independencia de los jueces, fiscales y magistrados, la seguridad y la integridad física y psicológica de la Jueza así como de todos los operadores judiciales en Uruguay. Asimismo, el Observatorio urge a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos de los defensores de derechos humanos en Uruguay como los establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.