"Esperamos que los ciudadanos uruguayos participen para apoyar la derogación de la ley de caducidad de manera que se pueda, como en otros paises de la región, empezar a juzgar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y que se dé un paso más en la lucha contra la impunidad", señaló Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.
Esta iniciativa es fruto de una ejemplar movilización ciudadana encabezada por la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, integrada por sindicatos y organizaciones sociales, que logró reunir 60.000 firmas, más de las necesarias para convocar un plebiscito nacional, tal y como lo exige la Constitución uruguaya.
La ley de caducidad lleva vigente 22 años en Uruguay, en violación a todas las normas internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional. Según la misma, los jueces deben consultar al Ejecutivo sobre qué casos de violaciones de derechos humanos pueden ser juzgados. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han recomendado su derogación. Hay que tener en cuenta que esta ley fue ratificada en consulta popular en 1989 en un periodo de fuerte inestabilidad política del país y de gran tensión con el Ejército, cuyo principal representante en la época, el general Hugo Medina, afirmó que las citaciones judiciales a militares por violaciones de los derechos humanos "estaban en un cajón de su despacho y allí se quedarían". Desde entonces, se hizo público el horror de los cementerios clandestinos en los cuarteles, entre otras atrocidades sucedidas durante la dictadura militar, lo que explica hoy el fuerte respaldo popular a esta iniciativa y las previsiones de un triunfo del sí a la anulación de esta ley. Adicionalmente, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial han expresado que esta ley es contraria a la Constitución uruguaya.
De aprobarse la derogación de esta ley, se abre el camino judicial para que causas de graves violaciones a derechos humanos sean investigadas y juzadas en ese país, dando la oportunidad a las víctimas de la dictadura de finalmente obtener verdad, justicia y reparación.