El 22 de junio, el Senado de Paraguay votó la destitución del Presidente democráticamente electo Fernando Lugo, con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias, en el marco del juicio político iniciado en su contra por “mal desempeño de sus funciones” tras la muerte de 11 campesinos sin tierra y 6 policías en el desalojo forzoso de una finca privada en la localidad de Curuguaty, departamento de Canindayú.
La acusación fue formulada el 21 de junio por la Cámara de Diputados con 76 votos a favor y uno en contra, de un total de 80 diputados. El artículo 225 de la Constitución de Paraguay prevé este mecanismo de juicio político en contra de los altos mandos del poder ejecutivo y judicial por “mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
No obstante, la FIDH considera que se violó el derecho al debido proceso en esta decisión y en particular el derecho a la defensa, ya que el Presidente Lugo tuvo solamente dos horas, tan sólo un día tras el anuncio de la decisión del Senado, para presentar su defensa, a pesar de que habría solicitado un plazo adicional.
“Condenamos la remoción del presidente Fernando Lugo en la medida en que se llevó a cabo de forma apresurada, lo cual hace surgir serias dudas en cuanto a la imparcialidad e independencia de esta decisión”, dijo Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. “A tres años del golpe de Estado en Honduras, estos hechos son de suma gravedad y representan una seria amenaza para la democracia no sólo en Paraguay, sino en todo el continente”, agregó.
Considerando que los hechos violentos de Curuguaty deben ser objeto de una investigación diligente y de ninguna manera ser instrumentalizados a fines políticos, la FIDH respalda el rechazo internacional que ha ocasionado la destitución expedita del presidente Fernando Lugo, e insta a las autoridades paraguayas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto del orden democrático y del Estado de derecho.
Asimismo, la FIDH solicita a la Unión Europea que adopte una posición conjunta y unánime en rechazo al recurso ilegítimo a la prerrogativa constitucional otorgada al poder legislativo, y urge al Consejo Permanente de la OEA a promover la normalización de la institucionalidad democrática, tal y como previsto por el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.