El uso de las leyes y de la administración de la justicia en beneficio de grupos que detentan el poder económico y político no es nuevo en la historia de algunos de los Estados de la región latinoamericana. Este fenómeno se ha dado por lo general en contextos que presentan los siguientes rasgos: democracias disfuncionales, altos índices de impunidad, desigualdad social y económica, y un uso excesivo de las fuerzas policiales, militares y empresas privadas de seguridad. En los últimos años hemos observado con gran preocupación un fuerte incremento de la tendencia para perseguir, castigar y criminalizar las actividades de protesta social y las reivindicaciones legítimas de los que promueven y defienden derechos humanos, especialmente en el contexto de grandes proyectos de inversión económica.
Solicitamos a los Estados Miembros de la Unión europea y a la UE que, entre otros:
– Expresen su preocupación ante la criminalización y estigmatización de la protesta social y de las personas que defienden los derechos humanos;
– Insten a la anulación, derogación o modificación de las normas que permiten la criminalización de la defensa de los derechos humanos y cuya aplicación contraviene las obligaciones internacionales y regionales de los Estados en esta materia;
– Tomen acciones en base a las Directrices de la UE sobre Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
– Adopten normas vinculantes en materia civil y penal para investigar y sancionar las violaciones cometidas por las empresas y asegurar que las victimas tengan acceso a canales efectivos de reparación.
A la UE que:
– Desarrolle un marco legislativo que garantice que las empresas europeas operando en terceros países cumplan con los estándares internacionales acordados en materia de medio ambiente y derechos humanos – incluyendo el respeto a la libertad de asociación.
Al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales que:
– Tome en consideración las recomendaciones realizadas por otros mecanismos de las Naciones Unidas en relación a la criminalización de la protesta social y de las actividades de promocion de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo debe prestar especial atención a las acciones de empresas que contribuyan a la criminalización de las actividades de promoción de los derechos humanos de los defensores y la protesta social.
Documento de las organizaciones internacionales y redes europeas APRODEV, CIDSE, CIFCA, FIAN, el Observatorio (FIDH-OMCT), OIDHACO, PBI - proyectos Guatemala y Colombia, y Plataforma Holandesa contra la Impunidad.