Carta abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE-ALC

11/05/2006
Comunicado

Sres. Jefes de Estado y de Gobierno de la UE-ALC
IV Cumbre de Viena.

Nos dirigimos a ustedes, saludando positivamente las Comunicaciones de la Comisión Europea al Consejo de la Union Europea (UE) de diciembre de 2005 « Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina » y de marzo de 2006 « An EU-Caribbean partnership for growth, stability and development » y al Parlamento Europeo, sobre la resolución de este último sobre « una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina, aprobada en plenaria el 27 de abril 2006.

En particular, la FIDH se alegra que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo declaren compartir con América Latina un compromiso común en materia de derechos humanos y que hagan de la cohesión social en América Latina el tema prioritario de su diálogo político con la región y una prioridad en sus políticas de ayuda y de cooperación. Apoyamos igualmente el Parlamento Europeo en su demanda de un papel adecuado para la sociedad civil.

Nos alegra así mismo que se llegue a esta IV edición de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE/América Latina/Caribe (ALC) que se lleva a cabo el 12 de mayo en Viena, esperando que se fortalezcan progresivamente las relaciones entre las dos regiones.

Queremos sin embargo resaltar algunas preocupaciones sobre las principales problemáticas de derechos humanos que conciernen a las dos regiones:

La FIDH lamenta que la situación de los defensores de los derechos humanos en la región, en lugar de mejorar desde la última cumbre UE/ALC en 2004, se haya agravado. Según el informe anual 2005 del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (un programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura), la región latinoamericana sigue siendo la región del mundo donde sistemáticamente se persigue más, se amenaza más, se intimida más y se atenta de la manera más violenta contra los defensores de derechos humanos, unido a prácticas generalizadas de criminalización de la protesta social.

De otro lado, distintas autoridades políticas europeas se pronuncian con mayor frecuencia sobre el peligro "etnonacionalista" en la región latinoamericana y se recomienda que los estados integren plenamente los derechos de los pueblos indígenas en sus legislaciones internas. La realidad es que los pueblos indígenas siguen siendo las víctimas seculares del despojo, de la exclusión y del racismo.

La región latinoamericana sigue siendo la región del mundo con mayores desigualdades en la distribución de las riquezas. Las reformas tributarias se desarrollan en contra de las mayorías a través de los impuestos indirectos y los ajustes estructurales de las economías se han desarrollado en prejuicio de los derechos sociales, económicos y culturales de las mayorías, dificultándose cada vez más el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social y al derecho a la alimentación.

De otra parte también llamamos la atención sobre el impacto de las políticas europeas de seguridad en materia de derechos fundamentales, tanto sobre los migrantes, como sobre el derecho de asilo cada vez más restringido, al tiempo que crece la xenofobia en distintos lugares de Europa.

La FIDH, insiste en que una visión integral de los derechos humanos no solamente debe hacer parte esencial del diálogo político entre Europa y ALC, pero debe estar en el centro del conjunto de relaciones entre las dos regiones, para que se implemente positivamente la cláusula democrática, frente al desarrollo de la cooperación, del comercio y de las inversiones.

Desde el principio de los años 90, la UE incluye en sus acuerdos de cooperación una referencia a los derechos humanos entre los objetivos del acuerdo, el llamado al diálogo político sobre la cuestión de los derechos humanos y la inserción de una cláusula de derechos humanos cuya primera utilidad es de servir de instrumento condicionante, en caso de violación muy grave a derechos humanos o en presencia de retrocesos graves en materia de democracia. Sin embargo en la realidad estas disposiciones no son plenamente operativas y el seguimiento de las mismas es lento o incluso inexistente.

La FIDH propone desarrollar una interpretación positiva de la cláusula de derechos humanos. Esta es tradicionalmente interpretada como la posibilidad de suspender o anular el acuerdo entre los Estados en caso de no respetarse los derechos humanos. Pero debería, sobretodo, utilizarse como una herramienta positiva para promover y alentar un mejor respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos en los Estados involucrados.

La FIDH también insta a la Cumbre de fortalecer y ampliar la consultación de la sociedad civil y su participación en el seguimiento de los acuerdos. El diálogo político sobre los derechos humanos, también debe satisfacer las condiciones de transparencia y reciprocidad. La transparencia implica la publicidad de los debates y de las conclusiones de los mecanismos de seguimiento, y la reciprocidad el cuidado de que se respeten los derechos humanos, incluso de parte de los Estados de la UE.

Sobre todo, debe reconocerse la supremacía de los derechos humanos como indispensable a cualquier política de cohesión social, promoción de la integración o del desarrollo. No debería promoverse medida alguna que pudiese atentar contra este principio de primacía. Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos deben anteponerse a las obligaciones que resultan de otros acuerdos de cooperación entre países.

En el momento en que la UE y América Latina están negociando los acuerdos de asociación, la UE y sus Estados miembros tienen una responsabilidad particular en lo referente a los efectos de los acuerdos con países o grupos de países de ALC: por ejemplo, si el efecto de una política es empobrecer de manera desproporcionada a las mujeres, a los indígenas o a cualquier otro grupo, se trataría de un caso obvio de discriminación así la política no tuviera como objetivo esa discriminación.

Por esta razón, la FIDH se complace de que la existencia de la posibiliad de estudios de los impactos de los aspectos económicos de los acuerdos sobre el desarrollo sostenible ("sustainable impact assesment"). Estos estudios de impacto deben analizar el impacto sobre los derechos humanos civiles, económicos, políticos y sociales de manera indivisible y plenamente integrar las constataciones de los órganos de los tratados de Naciones Unidas, en particular el Comité para los derechos económicos, sociales y culturales. También deben incluir una consulta efectiva de la sociedad civil y ser efectuados de forma sistemática, por una entidad independiente. Se debe garantizar que las conclusiones de dichos estudios sean leídas y tomadas en cuenta por las partes contratantes para que permitan una eventual reorientación de los acuerdos.

Confiamos se sirva atender la presente y sumar su aporte a los propósitos que motivan nuestra labor a favor de la plena vigencia de los derechos humanos. En esta espera, reciban Ustedes, excellentissimos señores, la expresión de nuestra más alta consideración.

Sidiki Kaba, Presidente de la FIDH

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