FIDH y ZimRights condenan las graves violaciones a derechos humanos cometidas por la policía

25/05/2020
Comunicado
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París, Nairobi, Harare. 22 de mayo de 2020 – Tres mujeres líderes del partido de oposición MDC-A fueron secuestradas y torturadas por agentes del orden público la semana pasada cerca de Harare, después de otros recientes actos de violencia policial en Zimbabwe. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Zimbabwe, la Asociación de Derechos Humanos de Zimbabwe (ZimRights), denuncian este preocupante aumento de los abusos graves de los derechos humanos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y piden a las autoridades de Zimbabwe que realicen investigaciones sobre todos los casos de brutalidad policial contra la población en Zimbabwe y lleven a sus autores ante la justicia.

El incidente de la semana pasada se produjo después de la ejecución extrajudicial de una persona en la ciudad de Bulawayo, que fue golpeada hasta la muerte por la policía el 30 de marzo, y de la tortura por parte de la policía de dos mujeres acusadas de no respetar las normas del confinamiento en el parque Cowdray de Harare, el 16 de abril.

"En un momento en el que el Gobierno debe centrarse en liderar la nación en la lucha contra la covid-19, es lamentable que las fuerzas y servicios de seguridad se hayan convertido en una lacra aún peor que la pandemia que dicen combatir",

afirmó Dzikamai Bere, director nacional de ZimRights.

En el reciente caso que afecta a las tres líderes del partido de la oposición Alianza del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC-A), ZimRights comprobó que el jueves 14 de mayo de 2020, varios campesinos encontraron tiradas cerca de Bindura, una ciudad al noreste de Harare, junto a la carretera y con signos de haber sufrido abusos graves, a tres mujeres líderes de este partido político –Joanna Mamombe, diputada del MDC por la zona oeste de Harare, Cecilia Chimbiri, vicepresidenta nacional de la Asamblea Juvenil de la Alianza del MDC, y Netsai Marova, vicesecretaria de organización de la Asamblea Juvenil de la Alianza del MDC–. Las pruebas médicas sugieren que las tres fueron torturadas.

Las tres líderes del partido habían sido detenidas el día anterior por la policía en un control de carretera en el camino del suburbio de Harare, en el Parque Warren, por no respetar el confinamiento, mientras participaban en una manifestación pacífica de protesta contra la gestión de la crisis de la covid-19. Aunque la policía negó que estuvieran bajo su custodia, las víctimas afirman que más tarde se las condujo a la Comisaría Central de Policía de Harare. Al llegar a la comisaría, se introdujo a las tres activistas políticas en una furgoneta Toyota sin distintivos y se las llevó a una zona boscosa y alejada donde fueron brutalmente torturadas.

"Es necesario iniciar de inmediato una investigación exhaustiva e independiente sobre este incidente para perseguir estos crímenes atroces y para que se lleve a sus autores ante la justicia", afirmó Alice Mogwe, presidenta de la FIDH y presidenta de DITSHWANELO, el centro de derechos humanos de Botswana.

Por ello, la FIDH y ZimRights piden a las autoridades de Zimbabwe que abran una investigación sobre este último caso de violaciones graves de los derechos humanos, así como sobre otros anteriores, que lleven a sus autores ante la justicia sin demora y respeten las disposiciones de la Constitución y las normas internacionales sobre la tortura. La tortura es uno de los crímenes internacionales más graves y está prohibida por el artículo 53 de la Constitución de Zimbabwe.

Antecedentes

Desde enero de 2019, ZimRights ha documentado un total de 275 casos de tortura cometidos por la policía, entre otros, más de 40 casos de secuestro. Desde que se decretó el confinamiento en Zimbabwe el pasado 30 de marzo de 2020, se ha producido un aumento de las violaciones de los derechos humanos cuyos autores son principalmente los agentes del orden.

La policía de la República de Zimbabwe tiene la obligación, en virtud del artículo 206 de la Constitución, de desempeñar sus funciones con el máximo respeto por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Aunque la Constitución prevé el establecimiento de un Mecanismo Independiente de Denuncias para atender las quejas contra las fuerzas de seguridad, el Gobierno todavía no ha adoptado medidas para poner en funcionamiento dicho mecanismo.

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