París, Johannesburgo, 14 de enero de 2026. A solo un día de las elecciones, el entorno electoral se caracteriza por la imposición de severas restricciones a la actividad de la oposición y a la participación ciudadana. El presidente Yoweri Museveni, que aspira a su séptimo mandato consecutivo, se enfrenta a su principal rival, el candidato presidencial de la oposición Bobi Wine, aunque la campaña se ha llevado a cabo en unas condiciones que suscitan una seria preocupación sobre la equidad de la competencia política. Quienes apoyan a la oposición son objeto de detenciones y actos de intimidación, con el arresto de varias figuras destacadas de la oposición, la agresión de periodistas que cubrían sus actividades y la imposición de restricciones a las comunicaciones digitales, lo que amenaza con limitar el acceso del electorado a fuentes de información plurales. Estas condiciones generan un riesgo significativo de que los resultados electorales no reflejen la verdadera voluntad de la ciudadanía.
Detención de líderes de la oposición y participación electoral
El líder de la oposición, Kizza Besigye, fue secuestrado en Kenya el 16 de noviembre de 2024 y continúa detenido acusado de traición, lo que le impide participar en las elecciones del 15 de enero. Su detención plantea serias dudas sobre si las principales figuras de la oposición han contado con las mismas oportunidades de competir por la presidencia.
La abogada de derechos humanos Sarah Bireete, que ha documentado diversas violaciones de los derechos humanos y ha sido una voz destacada en la supervisión de la gestión electoral, fue detenida el 30 de diciembre de 2025, a menos de 16 días de la celebración de las elecciones, acusada de acceder al censo electoral nacional Su detención suscita preocupación por el trato que se dispensa a quienes intentan supervisar los procesos electorales.
El 9 de enero de 2026, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales suspendió los permisos de funcionamiento de cinco destacadas organizaciones de la sociedad civil: Chapter Four Uganda, l’Alliance for Election Finance Monitoring (ACFIM), le Human Rights Network for Journalists-Uganda (HRNJ-U), le National NGO Forum et la National Coalition of Human Rights Defenders. La Oficina alegó un supuesto perjuicio "para la seguridad y las leyes de Uganda" en virtud del artículo 42.d de la Ley de ONG, cap. 109 (en su versión modificada), y ordenó la congelación de sus cuentas. El papel que desempeñan estas organizaciones es fundamental para la defensa de las libertades civiles, la supervisión de las elecciones y el apoyo a los derechos humanos. Su suspensión, pocos días antes de la celebración de los comicios, contribuye aún más a la reducción del espacio cívico y socava gravemente la supervisión independiente del proceso electoral.
Movilización de la oposición y violencia durante la campaña
La Plataforma de Unidad Nacional (NUP), la principal fuerza de la oposición, liderada por el candidato presidencial Bobi Wine, se ha enfrentado a importantes obstáculos para llevar a cabo su campaña. Más de 400 simpatizantes de la NUP han sido detenidos en los últimos meses por motivos políticos. Durante las elecciones parciales de Kawempe Norte, celebradas en marzo de 2025, las fuerzas de seguridad mataron al simpatizante de la NUP Miseach Okello durante las actividades vinculadas a la campaña de la oposición.
Las fuerzas de seguridad han interrumpido los mítines de la NUP, lo que ha reducido la capacidad de las personas candidatas para hacer campaña y la oportunidad de que la ciudadanía escuche las distintas propuestas políticas. Estas limitaciones a la actividad de campaña de la oposición menoscaban la capacidad del electorado para tomar decisiones informadas entre las diversas personas candidatas en liza.
Libertad de los medios de comunicación y acceso a la información
A medida que se acerca el día de las elecciones, periodistas y profesionales de los medios de comunicación son objeto de una creciente presión, tal y como ha declarado la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Al menos 32 periodistas han sufrido ataques a manos de agentes de seguridad durante las elecciones parciales de marzo de 2025, al tiempo que y se les confiscó o dañó su equipo. En octubre de 2025, la oficina del medio de comunicación The Observer fue saqueada y se robaron doce ordenadores, al tiempo que se revocaron las acreditaciones de los/as periodistas de NTV Uganda y The Daily Monitor en lo que parece constituir una represalia por sus informes críticos.
La orden del Gobierno a Starlink de desactivar internet por satélite a partir del 1 de enero de 2026 suscita preocupación por un posible corte de Internet durante el período electoral, similar al apagón de cuatro días que se produjo durante las elecciones de 2021. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha expresado su profunda preocupación por estas medidas, y ha indicado que los cortes de Internet y las restricciones a las comunicaciones digitales vulneran el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Las restricciones al acceso a Internet y a la libertad de los medios de comunicación limitan la capacidad del electorado para acceder a fuentes de información diversas y para tomar decisiones con pleno conocimiento de causa.
Credibilidad electoral y normas democráticas
Con el fin de que las elecciones tengan una credibilidad genuina y reflejen la voluntad del electorado, deben celebrarse en un entorno en el que las personas candidatas de la oposición puedan hacer campaña libremente, sus simpatizantes puedan participar sin temor a ser objeto de persecución, los/as periodistas puedan informar sin sufrir acoso y el electorado tenga acceso a fuentes de información diversas. Las actuales condiciones que imperan en Uganda —con la detención de figuras destacadas de la oposición, la privación de libertad de simpatizantes, agresiones a periodistas y restricciones de las comunicaciones digitales— no se ajustan a estas normas y generan un grave riesgo de que los resultados electorales no reflejen con precisión las preferencias del electorado.
La FIDH pide a las autoridades ugandesas que:
1. pongan inmediatamente en libertad a las personas líderes y candidatas de la oposición detenidas con el fin de impedir su participación en los comicios, inclusive a Kizza Besigye;
2. garanticen la seguridad de las personas candidatas y simpatizantes de la oposición, y permitan que se lleven a cabo libremente las actividades de campaña;
3. pongan fin al acoso, la detención y la intimidación de periodistas y profesionales de los medios de comunicación que cubren las elecciones;
4. garanticen el pleno acceso a internet durante todo el período electoral y se abstengan de imponer cierres o restricciones a las comunicaciones digitales;
5. garanticen un recuento transparente de los votos y la verificación de los resultados con una observación significativa por parte de actores independientes.
La FIDH pide a los organismos regionales e internacionales, a la Unión Africana y a la Comunidad del África Oriental que:
1. garanticen que las misiones de observación electoral tengan pleno acceso para supervisar las condiciones y los resultados;
2. impongan sanciones dirigidas a los agentes gubernamentales responsables de violaciones de los derechos humanos y de la supresión de la competencia electoral;exijan a Uganda que cumpla con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza;
3. apoyen a la sociedad civil y a los/as periodistas de Uganda mediante mecanismos de protección y promoción internacional;
4. no respalden los resultados electorales a menos que las condiciones electorales cumplan con los estándares internacionales para unas elecciones libres y justas.
Las elecciones del 15 de enero de 2026 únicamente podrán tener auténtica legitimidad democrática si se levantan inmediatamente las severas restricciones que actualmente limitan la movilización de la oposición, la libertad de los medios de comunicación y la participación ciudadana. La comunidad regional e internacional debe apoyar procesos electorales creíbles y transparentes que permitan a la población ugandesa elegir libremente a sus representantes. La FIDH insta a todas las partes a garantizar que las elecciones de Uganda reflejen la voluntad del pueblo ugandés, y no los intereses de quienes están en el poder.