París, Nairobi, Dar es Salam, 19 de junio de 2025. En Uganda, la detención ilegal de figuras de la oposición y el juicio arbitrario de civiles ante tribunales militares se han normalizado tras la reciente aprobación por el Parlamento, el 20 de mayo, de la Ley de Enmienda de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) de 2025, que fue sancionada por el presidente y adquirió carácter de ley el 16 de junio de 2025. Estas medidas del Ejecutivo son una clara demostración y un recordatorio del intento del Estado de hacer retroceder los logros conseguidos con la promulgación de la Constitución de Uganda de 1995. Esta ley contraviene la decisión de 2025 del Tribunal Supremo que declaraba inconstitucional el enjuiciamiento de civiles por el Tribunal Militar General y en los tribunales militares. La aprobación de este proyecto de ley por el Parlamento socava el artículo 92 de la Constitución de Uganda de 1995, que prohíbe a este órgano aprobar cualquier legislación que altere la decisión de un tribunal o la haga ineficaz. Por otra parte, la ley ha otorgado más autonomía institucional al Tribunal Militar, lo que es probable que socave la supervisión judicial por parte de civiles y viola la doctrina de la separación de poderes al emplear la calificación delitos militares más graves que los correspondientes civiles contra estas personas.
Escalada de la represión en Uganda
"El flagrante desprecio por el estado de derecho y los derechos democráticos fundamentales de la ciudadanía suscita gran preocupación. Es necesario poner fin a la tendencia generalizada de amordazar las voces disidentes, entre otras, las de las principales personas defensoras de los derechos humanos, en vísperas de la celebración de elecciones generales en Uganda y Tanzania", declaró Alice Mogwe, presidenta de la FIDH.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cuya oficina en Uganda cerró en 2023 tras la decisión del Gobierno de no renovar su mandato, manifestó recientemente su preocupación por la aprobación del proyecto de ley sobre las UPDF en el Parlamento e instó al presidente a rechazarlo, ya que ampliar la jurisdicción de los tribunales militares para juzgar a civiles contraviene las obligaciones internacionales de Uganda en materia de derechos humanos.
Desde principios de año se han denunciado varios casos de vigilancia, graves violaciones del derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión mediante actos de acoso judicial, malos tratos y detenciones arbitrarias de activistas, abogados/as y estudiantes que defienden los derechos humanos, entre otros, el derecho ambiental, lo que confirma la escalada de la represión. Una figura clave de la oposición, el Dr. Kizza Besigye, sigue estando sometido a un simulacro de juicio tras su secuestro en Kenya y su posterior extradición ilegal a Kampala, donde se le hizo comparecer inicialmente ante el Tribunal Militar General y luego se lo trasladó al tribunal civil en Uganda, acusado del delito de “traición”, que conlleva la pena de muerte. Otra figura clave de la oposición, Robert Kyagulanyi Sentamu, alias Bobi Wine, presidente de la Plataforma de Unidad Nacional, que se presentó a las elecciones presidenciales de 2021, y su partido siguen enfrentándose a intimidaciones políticas, detenciones y arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos. Eddie Mutwe, su guardaespaldas, fue secuestrado ilegalmente el 27 de abril de 2025 y posteriormente sometido a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes de seguridad ugandeses. Fue acusado ante el tribunal de primera instancia de Masaka de robo con agravantes por sustraer teléfonos móviles, dinero en efectivo y otros objetos personales, días después de que el jefe del ejército admitiera haberlo mantenido detenido en su sótano y torturado. Su caso se encuentra actualmente pendiente de tramitación por el Tribunal Superior.
El uso excesivo de la fuerza en las elecciones parciales hace presagiar aún más violencia electoral a manos de las fuerzas de seguridad en las elecciones previstas para enero de 2026.
Situación alarmante en Tanzania
La situación en Tanzania es igualmente alarmante. Tras las elecciones locales de 2024 y en vísperas de las elecciones generales de 2025, el país ha sido testigo de una preocupante escalada de intolerancia política y represión, caracterizada por secuestros, desapariciones forzadas y violencia selectiva contra figuras de la oposición y la sociedad civil. Las elecciones locales de noviembre de 2024 se vieron empañadas por la descalificación masiva de candidaturas de la oposición y la ciberviolencia de género contra las candidatas, lo que socavó la imparcialidad electoral.
La organización miembro de la FIDH en Tanzania, el
Centro de Derechos Humanos y Jurídicos (LHCR), en su Informe sobre los derechos humanos de 2024 documenta 100 casos de violaciones de los derechos humanos entre 2015 y 2025, con picos en 2022 y 2024. Personas expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a las autoridades que pongan fin a "la desaparición forzada de miembros de la oposición política, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, como instrumento de represión en el contexto electoral". La detención del líder opositor Tundu Lissu por traición y la reciente detención y presunta tortura de activistas de África Oriental que viajaron para observar el juicio de Lissu demuestran hasta qué punto cayeron los Estados de la región en su afán por reprimir el espacio cívico y político para la libertad de expresión. Entre estas personas activistas se encontraban el activista Kenyano Boniface Mwangi y el abogado ugandés Agather Atuhaire, que fueron detenidas por las autoridades tanzanas, mantenidas en régimen de incomunicación y, según se informa, sometidos a tortura y violencia sexual antes de su deportación y abandono en puestos fronterizos de sus países. A la destacada política keniana Martha Karua y a otras dos personalidades políticas también se les denegó la entrada en Tanzania y fueron objeto de devolución en el propio aeropuerto, una medida ampliamente criticada por vulnerar los principios de cooperación regional y las libertades civiles. A principios de 2025, Maria Sarungi Tsehai, periodista y activista de derechos humanos tanzana, fue secuestrada y posteriormente liberada en Nairobi (Kenya). Fue objeto de persecución por sus críticas públicas al Gobierno tanzano.
Reducción del espacio cívico en Kenya
Kenya ha mostrado también una tendencia similar de reducción del espacio cívico y de ataques a la sociedad civil desde las protestas de la Generación Z de junio de 2024, que se saldaron con la muerte de 65 manifestantes pacíficos/as y la desaparición forzada de 89 personas defensoras de los derechos humanos. Desde las últimas elecciones de 2022, se ha producido un aumento incontrolable de la ola de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y criminalización de los derechos y libertades de reunión, expresión, asociación, manifestación y petición a las autoridades gubernamentales. Recientemente, nuestras organizaciones se alarmaron al saber que varios matones desplegados para reprimir la disidencia hirieron de bala a tres civiles, mientras protestaban en Nairobi contra el asesinato de un vendedor ambulante a manos de la policía a principios de junio. Kenya, en violación de su Constitución y de sus obligaciones internacionales, ha perpetuado la práctica de extraditar ilegalmente a personas procedentes de países vecinos que se encuentran dentro de sus fronteras, a pesar de saber perfectamente que corren el riesgo de sufrir torturas y persecución en sus países. Las extradiciones ilegales vulneran las obligaciones internacionales derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención de Ginebra de 1951.
Hechos como la detención y deportación a Juba del activista sursudanés Morris Mabior Awikjok Bak el 4 de febrero de 2023, así como la detención y deportación de cuatro personas refugiadas turcas, violan el principio de no devolución consagrado en la ley de asilo. Los recientes casos de secuestro de personas de la región de África Oriental, así como el hecho de haber acogido a dos figuras relevantes en el conflicto armado de la República Democrática del Congo –la Alianza del Río Congo (AFC) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y sus milicias aliadas, tristemente famosas por su brutal reinado de terror en Sudán–, vulneran el compromiso de Kenya con la justicia, la rendición de cuentas y la promoción de la paz y la seguridad en la región. La normalización de la represión transnacional ha llevado a estrechos aliados comerciales del régimen a presentar una demanda ante un tribunal francés contra el denunciante Nelson Amenya, que sacó a la luz el controvertido acuerdo del aeropuerto de Adani, que habría supuesto la pérdida del control del principal aeropuerto de Kenya a favor de una empresa extranjera, un acto que la población del país desaprueba mayoritariamente.
La FIDH y sus organizaciones miembros en Tanzania y Kenya piden a las autoridades nacionales de estos países, a las instituciones regionales y a la comunidad internacional que adopten medidas urgentes para:
– abrir el espacio democrático y permitir que la sociedad civil trabaje pacíficamente en la región;
– rechazar la Ley UPDF en Uganda;
– evitar que se produzcan más represiones y violencia antes de las elecciones en Uganda y Tanzania;
– iniciar y llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos imparciales y transparentes sobre los ataques contra la sociedad civil, inclusive sobre los casos de desapariciones forzadas en Tanzania y Kenya;
– poner fin a la represión transnacional y velar por que todas las personas detenidas como consecuencia de esta práctica sean puestas en libertad de inmediato y que no se toleren este tipo de acciones en el futuro.