El 30 de junio de 2022, se convocaron manifestaciones para conmemorar el doble aniversario del golpe de Estado de 1989 y de las manifestaciones que condujeron a la renuncia forzada de Omar al Bashir en 2019, en las que se asesinó a nueve manifestantes. Hay más de 500 personas heridas (entre ellas, 85 que se encuentran actualmente en el hospital de Omdurmán y seis en Darfur del Norte) por munición real y disparos, incluso originados por francotiradores apostados en las principales carreteras. 150 personas, entre ellas 27 mujeres, están detenidas. Muchas de las personas encarceladas muestras heridas y signos de tortura, según miembros de la organización Emergency Lawyers, mientras que se ha impedido a la asistencia letrada entrar en las comisarías.
Nuestras organizaciones están profundamente preocupadas por los ataques deliberados contra la población, cuyo objeto es silenciar a toda costa las voces que piden el fin del régimen militar. El cierre de Internet ilustra la voluntad del gobierno de silenciar y contener las voces de la población civil, las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que mantienen la esperanza de poner fin a décadas de impunidad en Sudán.
El golpe de Estado del 25 de octubre de 2021 puso fin al paréntesis cívico-militar y las prácticas del antiguo régimen han resurgido. Las fuerzas de seguridad sudanesas actúan con total impunidad. Más de 112 civiles han perdido la vida en manifestaciones y las personas heridas superan las 5000. El acoso y los ataques contra la libertad de expresión contribuyen a cerrar el espacio cívico y democrático, en detrimento de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos.
"La utilización del sistema judicial por parte de las autoridades ha dado lugar a juicios politizados cuyo fin es detener a miembros de la oposición y figuras de la sociedad civil, tal como ocurría en los períodos oscuros de la historia reciente de Sudán".
El preocupante aumento de la violencia en Darfur y Kordofán es otra muestra del clima de impunidad que reina en el país. En Darfur Occidental, al menos 276 personas murieron y 65.000 han sido desplazadas. El Acuerdo de Paz de Juba de octubre de 2020 no se está aplicando y el gobierno está incumpliendo su obligación de proteger a la población civil.
"El ejército debe responder a las aspiraciones de libertad, paz y justicia del pueblo sudanés. Estas demandas incluyen el fin de la impunidad que persiste en Sudán".
Es necesario llevar a juicio a los autores de las violaciones graves de los derechos humanos, entre otros, los crímenes internacionales cometidos durante la época del régimen de Omar al Bashir, así como los crímenes cometidos durante el periodo de transición, incluida la masacre del 3 de junio, y desde el golpe de Estado de 2021.