Nuestras organizaciones están profundamente preocupadas por la declaración del general Burhan del 25 de octubre en la que anuncia la disolución de los órganos de gobierno, la suspensión de artículos claves de la Carta Constitucional para el Período de Transición adoptada en 2019 y refrendada por el Consejo Militar, el establecimiento del estado de emergencia en todo el país, así como la imposición de un apagón de Internet con objeto de silenciar las voces de la población civil, las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Nos preocupa asimismo la decisión del 26 de octubre del general Burhan de disolver los comités que gestionan los sindicatos en el país.
Nuestras organizaciones condenan enérgicamente la violenta y desproporcionada represión ejercida por las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra las personas manifestantes que participaron en protestas pacíficas contra este golpe de Estado. En el momento de redactar este informe continuaban las protestas. Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza y de las balas reales disparadas contra la multitud por las SAF y las RSF, se ha informado de que al menos siete personas han muerto y unas 150 han resultado heridas. El 25 de octubre, en el marco de una redada en el albergue de la Universidad Central de Jartum por parte de fuerzas conjuntas de las SAF y las RSF, los militares golpearon a cientos de estudiantes.
"Pedimos a las fuerzas armadas, a la policía y a todas las fuerzas de seguridad que se abstengan de hacer un uso innecesario, injustificado y desproporcionado de la fuerza y que respeten el derecho de las personas de reunión pacífica y asociación, así como a la libertad de expresión, incluso en los medios de comunicación y en Internet. "
Los militares y sus aliados deben respetar y aplicar estrictamente la Carta Constitucional de 2019, que responde a las aspiraciones de libertad, paz y justicia del pueblo sudanés, y entregar la Jefatura del Consejo Soberano al poder civil, así como ajustarse a lo dispuesto en el Acuerdo de Paz de Juba, que establece las condiciones para la organización de elecciones libres y justas.
"Es necesario proseguir el esfuerzo para luchar contra la impunidad e impulsar los mecanismos de justicia transicional. Los autores de violaciones graves de los derechos humanos deben rendir cuentas, entre otros, quienes hayan cometido crímenes internacionales durante el régimen de Al Bashir, o los crímenes del periodo de transición, especialmente en torno a la masacre del 3 de junio."
En este sentido, debe seguir siendo prioritario cooperar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación y enjuiciamiento en la situación de Darfur/Sudán, incluso contra Al Bashir y otros responsables de alto nivel que hayan cometido crímenes internacionales en Darfur desde julio de 2002.
Pedimos a los Estados que condenen públicamente este golpe de Estado y suspendan inmediatamente las exportaciones de armas y municiones a Sudán ante el riesgo de que puedan producirse nuevas violaciones de los derechos humanos.
"La situación es crítica y hace peligrar todo el esfuerzo realizado hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos desde el Acuerdo de Paz de Juba de octubre de 2020. Hacemos un llamado a los socios de Sudán, y en particular a la IGAD, a la Unión Africana y a la Unión Europea para que coordinen su esfuerzo en favor del restablecimiento de una transición civil pacífica."
Acogemos con satisfacción la decisión del Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la Unión Africana (UA) de suspender la participación de Sudán en todas las actividades de la UA hasta el restablecimiento efectivo de la Autoridad de Transición dirigida por civiles y de llevar a cabo una misión en Sudán para colaborar con todas las partes interesadas. Reiteramos la urgencia de que la Presidencia de la Comisión de la UA tome las medidas necesarias e intensifique su compromiso con los líderes del Gobierno de Transición y del Consejo Soberano. Por otra parte, pedimos al Consejo de Paz y Seguridad (CPS) que ponga en marcha todas las medidas preventivas necesarias para evitar que se cometan crímenes de lesa la humanidad, de conformidad con el apartado h del artículo 4 del Acta Constitutiva de la Unión Africana y los artículos correspondientes del Protocolo de Paz y Seguridad.
"Pedimos encarecidamente a la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos que condene inmediatamente el golpe militar y exija la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, empezando por las autoridades civiles, a las que se debe restituir en sus funciones."
Nos hacemos eco de las declaraciones del Secretario General y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de sus firmes llamados a apoyar la aspiración del pueblo sudanés de consolidar la democracia. En este sentido, la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de septiembre de 2021 de no continuar su supervisión y asistencia en relación con la situación de los derechos humanos en Sudán fue prematura y es necesario revisarla. Pedimos a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que convoquen urgentemente una sesión especial sobre Sudán, que adopten una resolución para condenar el golpe de Estado y que tomen las medidas adecuadas para apoyar las reformas en materia de derechos humanos en Sudán.
Pedimos además que se inicie rápidamente una investigación regional o internacional independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con el golpe.