(FECHA) Las organizaciones abajo firmantes deploramos la grave situación humanitaria en Darfur, que está a punto de deteriorarse drásticamente debido a la reciente decisión del gobierno sudanés de expulsar a 13 organizaciones humanitarias internacionales. En la toma de esta decisión, el gobierno de Sudán ha demostrado desprecio por el bienestar de sus ciudadanos. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha calculado que más de 1,1 millones de personas pueden quedar sin comida, más de 1 millón sin agua potable y más de 1,5 millones sin atención médica. Además, se estima que 250.000 niños se verán afectados por el cierre de las escuelas.
Asimismo, deploramos el cierre de tres organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales de derechos humanos (Khartoum Center for Human Rights and Environmental Development, Amal Centre for the Treatment and Rehabilitation of Victims of Torture y Sudan Development Organisation), así como el continuo hostigamiento de defensores de derechos humanos. En los tres casos, se revocó el registro de la organización, todos los bienes fueron confiscados y se embargaron las cuentas bancarias. La decisión se adoptó de manera incompatible con la constitución y las leyes sudanesas. Estas acciones fueron ejecutadas por las fuerzas de seguridad y la Comisión de Asuntos Humanitarios, sin la aprobación judicial necesaria. Estos cierres impactan gravemente sobre la capacidad de vigilar y denunciar violaciones de los derechos humanos en Darfur. Estas decisiones ponen también en riesgo cierto la seguridad de los defensores de derechos humanos.
Por otro lado, lamentamos el continuo estado de impunidad en Darfur y en Sudán en su conjunto. Desde que se inició el conflicto, hace seis años, el gobierno de Sudán no ha hecho ningún esfuerzo para llevar a los autores de graves crímenes internacionales ante la justicia. En este contexto, la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) del 4 de marzo de 2009, consistente en dictar una orden de captura contra el Presidente sudanés Omar El Bashir, junto con las anteriores órdenes de captura emitidas contra Ahmed Harun y Ali Kushayb, así como la solicitud presentada por el Fiscal para que se dicten órdenes de captura contra los líderes rebeldes responsables de la matanza de integrantes de la fuerza africana de mantenimiento de la paz durante el ataque a Haskanita, representan un avance esencial en la lucha contra la impunidad y en favor de la paz en Darfur.
Este paso histórico también es posible debido al fuerte apoyo internacional, incluso africano y árabe, a la causa de la justicia internacional. El funcionamiento de la Corte es posible gracias al sustento de sus 108 Estados partes, 30 de los cuales son también miembros de la Unión Africana. Los miembros de la Liga Árabe participaron activamente a la Conferencia de Roma, que redactó y aprobó el Estatuto de la CPI. La investigación de la Corte en Darfur se abrió después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió la situación a la CPI por medio de su Resolución 1593, que también obliga al gobierno de Sudán a cooperar con la Corte.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que muestre su solidaridad para con las víctimas del conflicto de Darfur. El conflicto ya ha cobrado 300.000 vidas y ha obligado a más de 2,5 millones de personas a huir de sus hogares. Sin embargo, las víctimas no han visto ninguna respuesta a sus reiteradas peticiones de paz y de justicia.
Nuestras organizaciones:
Instan a las autoridades sudanesas a que revierta sus decisiones relativas a la expulsión de las organizaciones humanitarias internacionales y al cierre de las ONG de derechos humanos, de conformidad con los instrumentos internacionales, incluida la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como la Resolución y Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que obligan a Sudan a cooperar con la CPI.
Instan a todas las partes del conflicto a que inicien un auténtico proceso político inclusivo.
Instan a la comunidad internacional a que condene enérgicamente las decisiones del gobierno sudanés.
Apoyan la lucha contra la impunidad de los autores de los crímenes más graves cometidos en Darfur, y, por lo tanto, se oponen a la suspensión de los procedimientos de la CPI.
Organizaciones firmantes:
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
África
Mouvement burkinabé des droits de l’Homme et des peuples (MBDHP), Burkina Faso
Maison des droits de l’Homme (MDH), Camerún
Organisation pour la compassion et le développement des familles en détresse (OCODEFAD),
República Centroafricana
Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH), Costa de Marfil
Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (ATPDH), Chad
Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH), Chad
Association africaine des droits de l’Homme (ASADHO), República democrática del Congo
Groupe lotus, República democrática del Congo
Ligue des électeurs, República democrática del Congo
Ligue djiboutienne des droits de l’Homme (LDDH), Yibuti
Ethiopian Human Rights Council (EHRCO), Etiopía
Kenya Human Rights Commission (KHRC), Kenya
Liberia Watch for Human Rights (LWHR), Liberia
Association malienne des Droits de l’Homme (AMDH), Malí
Association nigérienne des droits de l’Homme (ANDDH), Níger
Civil Liberties organisation (CLO), Nigeria
Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH), República del Congo
Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (LIPRODHOR), Ruanda
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (RADDHO), Senegal
Khartoum Centre for Human Rights and Environmental Development (KCHRED), Sudán
Ligue togolaise des droits de l’Homme (LTDH), Togo
Foundation for Human Rights Initiative (FHRI), Uganda
Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO), Côte d’Ivoire
Américas
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Comité de Acción Jurídica (CAJ), Argentina
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Bolivia
Justiça Global (JG), Brasil
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Colombia
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), República Dominicana
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
Fundación Nacional de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), El Salvador
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), Guatemala
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos(LIMEDDH), México
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua
Centro de Capacitación Social (CCS), Panamá
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Center for Constitutional Rights (CCR), EE.UU.
Asia
Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC), Camboya
Altsean-Burma, con sede en Tailandia
Europa del Este y Asia Central
Human Rights Centre of Azerbaijan (HRCA), Azerbaiyán
Human Rights Centre Viasna, Bielorrusia
Kyrgyz Committee for Human Rights (KCHR), Kyrgyzstan
Centre for Peace and Democracy Development, Serbia
Citizen’s Watch, Rusia
África del Norte y Medio Oriente
Egyptian Organisations for Human Rights (EOHR), Egipto
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Egipto
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Egipto
Damascus Centre for Human Rights Studies (DCHRS), Siria
Committee for the Defence of Democracy Freedoms and Human Rights (CDF), Siria
Bahrain Centre for Human Rights (BCHR), Bahrein
Bahrain Human Rights Society (BHRS), Bahrein