Sudán bloquea la participación de la sociedad civil en el examen de derechos humanos liderado por la ONU

01/04/2016
Comunicado
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Los esfuerzos del Gobierno de Sudán por obstaculizar la participación de las y los activistas de la sociedad civil en el examen de derechos humanos liderado por la ONU es inaceptable y muestra un desprecio patente no solo hacia las defensoras y defensores de los derechos humanos en Sudán, sino también hacia las normas de derechos humanos y hacia el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según afirman hoy 36 grupos sudaneses e internacionales y siete personalidades sudanesas.

Los funcionarios de seguridad interceptaron en el aeropuerto internacional de Jartum a cuatro representantes de la sociedad civil sudanesa que se dirigían a una reunión de alto nivel sobre los derechos humanos con diplomáticos, que se celebró en Ginebra el 31 de marzo. La reunión, organizada por la ONG internacional UPR Info, tenía por objeto la preparación del Examen Periódico Universal (EPU) de Sudán, previsto para mayo.

Los cuatro representantes de la sociedad civil tenían previsto viajar a Ginebra por diferentes vías entre los días 23 y 28 de marzo. En todos los casos, agentes encubiertos del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Sudán (NISS) se acercaron a ellos después de que hubiesen facturado y antes del control de pasaportes y les confiscaron los mismos.

Ninguno de los cuatro representantes —el destacado abogado de derechos humanos D. Salih Mahmoud Osman, la directora de Asmaa Sociedad para el Desarrollo, Dª. Sawsan Hassan Elshowaya, el presidente de la Red de Derechos Humanos y de Ayuda Jurídica (HRLAN), Dr. Muawia Shaddad, y el presidente del Comité de Solidaridad Sudanés, D. Siddig Yousif— fue informado de los motivos por los que se les prohibía viajar.

"Sudán debería devolverles inmediatamente los pasaportes y permitir la libre participación de la sociedad civil en el proceso del EPU sin miedo a la represión o a la intimidación", afirmaron los 36 grupos sudaneses e internacionales y las siete personalidades sudanesas. "Las recientes acciones flagrantes del NISS son sintomáticas de una estrategia más amplia de intimidación y acoso de las defensoras y defensores de los derechos humanos y de los agentes de la sociedad civil independiente que pueden mostrarse críticos con la situación de los derechos humanos en el país."

Las organizaciones firmantes pidieron asimismo al presidente del Consejo de los Derechos Humanos, el embajador Choi Kyonglim, que ejerza su facultad para intervenir ante el Gobierno de Sudán y vele por que se retiren todas las restricciones y las defensoras y defensores de los derechos humanos así como las organizaciones de la sociedad civil sudanesas puedan participar en el EPU de Sudán libremente y sin miedo a ser detenidos, acosados o a sufrir represalias.

La Ley de Seguridad Nacional de Sudán de 2010 amplió los poderes de detención de los agentes de seguridad sudaneses, que pueden mantener a personas detenidas durante un periodo de hasta cuatro meses y medio sin control judicial, mucho más de lo que establecen las normas internacionales. Las autoridades han utilizado esta y otras leyes para intimidar y silenciar a las defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas.

La ley de 2010 otorga también la potestad de realizar registros e incautaciones, tal como hace habitualmente el NISS, para minar la libertad de asociación, de expresión y de asamblea pacífica, inclusive obstaculizando o anulando eventos de la sociedad civil y foros públicos, confiscando bienes pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y ejerciendo la censura mediante la confiscación de ediciones completas de periódicos.

"El Consejo de los Derechos Humanos y sus Estados miembros deberían condenar las graves restricciones impuestas a las defensoras y defensores de los derechos humanos y a otros miembros de la sociedad civil de Sudán, así como las represalias por participar en mecanismos de la ONU", afirmaron las organizaciones. "Los Estados deberían pedir a Sudán que cese de inmediato las limitaciones arbitrarias de las actividades de la sociedad civil independiente y que vele por que las defensoras y defensores de los derechos humanos puedan desarrollar su trabajo en un entorno seguro y favorable, haciendo las reformas necesarias en la Ley de Seguridad Nacional del 2010."

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  • Co-firmantes

    Firmantes

    African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
    Al Khatim Adlan Centre for Enlightenment (KACE)
    Alkarama Foundation
    Amnesty International
    Awn Centre
    Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
    Coalition for the International Criminal Court (CICC)
    The Confederation of Sudanese Civil Society Organisations
    Darfur Bar Association
    East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project
    Face Past for Future Foundation
    FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
    Freedom House
    Human Rights and Development Organisation (HUDO)
    Human Rights Network
    Human Rights Watch
    International Commission of Jurists - Kenya
    International Justice Project
    International Service for Human Rights
    International Refugee Rights Initiative
    Journalists for Human Rights – Sudan
    National Human Rights Monitors Organization (NHRMO)
    People4Sudan
    Skills for Nuba Mountains
    Southern Africa Litigation Centre (SALC)
    Sudan Democracy First Group (SDFG)
    Sudanese Committee for the Defence of Human Rights and Freedoms
    Sudan Consortium
    Sudanese Human Rights Defenders Network (SHRDN)
    Sudanese Human Rights Initiative (SHRI)
    Sudan Social Development Organisation (SUDO)
    Sudan Unlimited
    The Association for Progressive Communications (APC)
    UPR Info
    Waging Peace
    West Africa Human Rights Defenders Network
    World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

    Individuals

    Ahmed A. Saeed, Senior Humanitarian Advisor, South Kordofan and Blue Nile Coordination Unit
    Abdelbagi Jibril, Vice President, Darfur Relief and Documentation Centre
    Elhag Warrag, editor in chief of Hurriyat newsletter
    Nagla Ahmed, human rights defender
    Salih Amaar, Deputy Editor in Chief of Al-Taghyeer Newspaper
    Sawsan Elshowaya, Head of Advisory Board, Asmaa Society for Development
    Siddig Yousif Alnur, Sudanese Solidarity Committee
    Suliman Baldo, human rights defender and Independent Expert on the situation of human rights in Mali

    Background

    The UPR is a mechanism of the UN Human Rights Council whereby the human rights situation in every UN member state is reviewed by other UN member states on a four-and-a-half yearly cycle. The Sudan review is scheduled to take place in May.

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