La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el African Center for Justice and Peace Studies (ACJPS), CIVICUS, Gisa, el Global Centre for the Responsibility to Protect, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), REDRESS, Sudanese Human Rights Monitor (SHRM), Sudan Human Rights Hub, Humanity United, Komma Organization for Development Initiative (KODI) y el Regional Centre for Training and Development of Civil Society (RCDCS) piden a ambas partes el cese inmediato del uso de la fuerza. Estas organizaciones manifiestan su profunda preocupación por los ataques deliberados contra la población.
“Desde el golpe de octubre de 2021, tras el que los dos generales volvieron a hacerse con el poder, continúa produciéndose en la capital, Jartum, una represión mortal contra las manifestaciones y se ha intensificado la violencia por parte de múltiples fuerzas de seguridad, entre ellas, las facciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) –antiguos Janjaweed– en Darfur y el este de Sudán”, ha declarado Ahmed Elzobier, director de SHRM.
La población civil, que reclama democracia, paz y justicia, continúa siendo la víctima principal. Los socios internacionales (UNITAMS, Unión Africana e IGAD), con el apoyo de los Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, han insistido en la firma de un acuerdo político para preparar una transición civil-militar. Sin embargo, la parte central de las negociaciones sigue siendo la lucha de poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan, líder de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), que cuenta con el apoyo de su estrecho aliado, Egipto, y el poderoso líder de las RSF, Hemedti, con su terrible milicia, que cuenta con el control de las minas de oro del sur del país.
Los desacuerdos entre ambos dos generales volvieron a surgir a raíz de la integración de las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) paramilitares en el ejército, como parte del acuerdo marco. En la actualidad, las SAF y las RSF se disputan el control del país.
Se están produciendo ataques aéreos y violentos enfrentamientos en Jartum y sus alrededores, así como también en Meroe, Puerto Sudán, Kasala, Kordofán y Darfur. De un total de 100 personas fallecidas en todo el país, más de 20 muertes se han producido en el norte y en el sur de Darfur, y 1100 han resultado heridas en todo el país.
Las organizaciones firmantes instan a ambas facciones a que faciliten y garanticen los desplazamientos hacia y desde los centros de atención médica y piden asimismo que se cumplan todas las leyes internacionales que protegen los derechos humanos y la protección de la población civil.
“En este acuerdo se han descuidado en gran medida la rendición de cuentas y la justicia. Esta situación nos recuerda una vez más que no puede haber paz sin justicia”, afirmó Alice Mogwe, presidenta de la FIDH.
La falta de justicia y rendición de cuentas ha favorecido que se produzcan ciclos repetidos de violencia con graves violaciones de derechos humanos desde 2019. Tras las atrocidades que se han llevado a cabo en Darfur durante la era de Bashir, el ejército sudanés ha sido responsable, entre otros, de varias masacres desde la transición de 2019. El 3 de junio de 2019, al menos 128 personas fueron asesinadas y varias mujeres sufrieron violaciones y agresiones sexuales. Todavía no se ha llevado a juicio a los autores de graves violaciones de derechos humanos, entre otros, los crímenes internacionales cometidos durante el régimen de Omar al Bashir, así como los crímenes perpetrados durante el periodo de transición y con posterioridad al golpe de Estado de 2021.
“Estos elementos no pueden formar parte de la solución en Sudán. La única alternativa viable es la participación de la población civil. Estas demandas se refieren asimismo al fin de la impunidad que persiste en Sudán”, afirmó Mossaad Mohamed Ali, director ejecutivo del ACJPS.
“Esta reciente escalada del conflicto armado entre el ejército y las FSR, aunque previsible, tendrá consecuencias devastadoras tanto para la vida humana como para la transición democrática de Sudán. Ha llegado el momento de que los miembros de la comunidad internacional y regional den prioridad a la rendición de cuentas como condición previa esencial para garantizar la estabilidad y construir la democracia”, declaró Rupert Skilbeck, director de REDRESS.
Las organizaciones firmantes piden a sus socios e instituciones internacionales y regionales que:
– Condenen sin demora el conflicto, que está provocando un aumento de las violaciones de los derechos humanos y una crisis humanitaria en todo el país.
– Hagan un llamado a ambas facciones para que pongan fin de inmediato a los enfrentamientos en curso.
– Apoyen la aspiración del pueblo sudanés de consolidar la democracia mediante un gobierno civil.
– Adopten todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos del pueblo sudanés y proporcionar ayuda humanitaria a las personas más vulnerables en colaboración con los organismos de la ONU, las organizaciones internacionales y las ONG.
– Utilicen todos los medios legales y diplomáticos, entre otros, la mediación, el poder judicial, las sanciones selectivas y las medidas coercitivas, para establecer responsabilidades y reparar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en los últimos años.