París, La Haya, 7 de octubre de 2025. Ayer, en una decisión unánime, los/as jueces/as de la CPI condenaron a Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, también conocido como "Ali Kushayb", por 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El antiguo líder yanyauid fue juzgado por 31 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur, Sudán, entre agosto de 2003 y, al menos, abril de 2004, entre los que figuran asesinato, persecución, desplazamiento forzoso, violación, tortura y ataques a la población civil.
Un juicio histórico de la CPI por crímenes internacionales cometidos en Darfur
veredicto marca un hito histórico en la búsqueda de justicia para las víctimas y las personas supervivientes de las atrocidades cometidas durante el conflicto de Darfur. El juicio de este caso se inició ante la Sala de Primera Instancia el 5 de abril de 2022, después de que Abd Al Rahman se entregara voluntariamente en la República Centroafricana. Se trata del primer juicio relacionado con la situación en Darfur (Sudán), que fue remitida a la CPI por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2005, y es el primer veredicto de una situación remitida. Supone asimismo la primera vez en el mundo que se ha declarado a un líder yanyauid responsable a título individual por las atrocidades cometidas en Darfur.
Esta sentencia también es significativa, ya que se trata de la primera condena de la CPI por persecución en razón del género. La Sala consideró que los hombres de la comunidad fur fueron objeto de persecución por su origen étnico, afiliación política y género, y observó que "una víctima puede correr un mayor riesgo de victimización debido a la intersección de diferentes factores de discriminación".
Un paso largamente esperado hacia la justicia para las víctimas
En este juicio participaron 1591 víctimas lo que demuestra fehacientemente su esperanza inquebrantable en la justicia y la rendición de cuentas. "Esta condena es un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que han padecido las víctimas de Darfur y una rotunda afirmación de que la impunidad por los crímenes atroces no prevalecerá", afirmó Mossaad Ali, director ejecutivo de ACJPS. "Tras casi dos décadas, las personas supervivientes han sido finalmente testigos de un acto de rendición de cuentas. Es un paso importante hacia la justicia y la sanación".
"Elogiamos el valor de las víctimas y testigos que dieron un paso al frente e instamos a que se mantenga el apoyo internacional para garantizar que todos los autores de crímenes en Darfur rindan cuentas", declaró Magdi El Na’im, director ejecutivo de SHRM.
La condena de Abd Al Rahman debe allanar el camino para que aumenten los esfuerzos de rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos en Darfur. Las cuatro personas con mayor responsabilidad por las atrocidades, sobre las que pesan sendas órdenes de detención de la CPI, siguen en libertad y se las debe conducir ante la justicia. Las autoridades sudanesas y la comunidad internacional deben redoblar sus esfuerzos para cooperar con la CPI y apoyar los procesos de justicia internacional. La FIDH, la ACJPS y la SHRM instan a las autoridades sudanesas a cooperar plenamente con la CPI y a entregar a los antiguos agentes del Gobierno a quienes busca la CPI entre otros, el expresidente de Sudán Omar al Bashir, acusado de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Instamos asimismo a todos los Estados partes de la CPI que cooperen plenamente con la Corte, ejecuten las órdenes de detención pendientes y continúen respaldando los esfuerzos de la justicia para exigir responsabilidades a otras personas sospechosas y altos agentes gubernamentales responsables de crímenes generalizados en Darfur. Por otra parte, pedimos a la Fiscalía de la CPI que acelere sus investigaciones sobre los crímenes cometidos en el contexto del conflicto en curso en Sudán y dicte sin demora las órdenes de detención que corresponda.
Necesidad de reparaciones centradas en las víctimas
Las víctimas y las personas supervivientes del conflicto de Darfur continúan viviendo con las consecuencias físicas, emocionales, sociales y económicas de los crímenes cometidos. Millones de personas están desplazadas de sus hogares, carecen de acceso a atención médica, educación, medios de subsistencia y servicios básicos, y nunca han recibido reconocimiento oficial ni apoyo por el sufrimiento que padecen.
Aunque esta condena supone un paso importante hacia la rendición de cuentas, su verdadera repercusión dependerá del resultado de las posibles apelaciones. La justicia debe contemplar igualmente reparaciones significativas que respondan directamente a las necesidades, los derechos y la dignidad de las víctimas. Las futuras reparaciones deben ser inclusivas, transparentes e impulsadas por la comunidad, además de configurarse a partir de consultas con las víctimas y las comunidades afectadas.