Este caso es el primer intento de responsabilizar penalmente a una institución bancaria francesa por complicidad en crímenes internacionales cometidos en Sudán.
Los hechos relatados por los supervivientes que han testificado en París esta semana representan una ínfima parte del daño sufrido por decenas de miles de civiles sudaneses desde que comenzó el conflicto en 2002. Como partes civiles, están contribuyendo activamente a la investigación en curso.
"Las audiencias de las primeras partes civiles por parte de los jueces e investigadores son un paso crucial, que tiene lugar casi un año y medio después de la apertura de la investigación judicial. Esperamos que la investigación siga avanzando en los próximos meses."
Este caso demuestra cómo la financiación de los regímenes represivos -al ayudar y facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos- abre la puerta a posibles acciones penales.
"Los testimonios de las partes civiles son un recordatorio de la brutalidad del régimen de Omar al-Bashir y ponen de relieve la necesidad de perseguir a los actores que permitieron estos crímenes, incluidas las instituciones financieras. Desde Sudán hasta Rusia y Ucrania, ahora está claro que los crímenes masivos no pueden llevarse a cabo sin una financiación masiva."
Antecedentes: crímenes masivos contra la población civil en Darfur
BNP Paribas S.A. ha reconocido que actuó como principal banco extranjero para el gobierno sudanés entre 2002 y 2008. Durante este periodo, el gobierno sudanés cometió crímenes masivos contra la población civil de Darfur y otras comunidades sudanesas marginadas con la ayuda de las fuerzas armadas del Estado y las milicias Yanyauid. En ese momento, BNP Paribas era considerado el banco central de facto de Sudán.
Durante estos ataques contra la población civil, decenas de miles de civiles y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, torturadas, detenidas, desplazadas por la fuerza, violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual.
En 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional (CPI). El tribunal internacional abrió una investigación sobre posibles delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur desde el 1 de julio de 2002 y dictó varias órdenes de detención. Una de estas órdenes era para el ex presidente sudanés Omar al-Bashir.
La estrecha relación de BNP Paribas con el gobierno sudanés salió a la luz en junio de 2014, cuando Estados Unidos lanzó una demanda contra el banco por violar las restricciones financieras a las transacciones con Sudán, Irán y Cuba.
Como parte de la acusación, el banco llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad (una de las opciones que deja el sistema estadounidense) con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le impuso una multa de casi 9.000 millones de dólares. Aunque el Departamento de Justicia tenía inicialmente la intención de utilizar parte de estos fondos para compensar a las víctimas sudanesas, el Congreso de Estados Unidos decidió finalmente asignar el dinero al Fondo de Víctimas del Terrorismo de Estados Unidos, negando a las víctimas sudanesas cualquier esperanza de ser compensadas por sus lesiones.
Para que las víctimas puedan obtener justicia e indemnización, la FIDH ha unido sus fuerzas a las de los abogados de Global Diligence Alliance para presentar una demanda en Francia, donde tiene su sede BNP Paribas.
Próximos pasos en el procedimiento judicial en Francia
Si los jueces de instrucción consideran que de la investigación surgen elementos suficientes, citarán a los sospechosos para que sean examinados. Estas acusaciones pueden dirigirse a BNP Paribas y a su filial suiza como entidades jurídicas, pero también a cualquier persona física, incluidos los altos ejecutivos del banco, cuya responsabilidad pueda establecerse.
Dada la complejidad del caso, es previsible que la investigación judicial se prolongue durante varios años. Al final de la investigación, los jueces de instrucción dictarán un auto de cierre que puede consistir en el sobreseimiento del caso o en la remisión del banco y/o de varios altos cargos a un tribunal penal por algunos o todos los delitos objeto de la investigación.
Si los tribunales franceses los declaran culpables, los ejecutivos podrían enfrentarse a una pena de prisión. BNP Paribas, como persona jurídica, puede ser condenado a una multa de hasta cinco veces la multa máxima para las personas físicas, así como a otras medidas como la disolución, la colocación bajo supervisión judicial o la prohibición de recibir fondos públicos. Además, las partes civiles pueden reclamar a BNP Paribas una indemnización por los daños sufridos.
Fundada en 1922 por 15 organismos de derechos humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) reúne hoy a 192 organizaciones nacionales de 117 países para trabajar conjuntamente en el desarrollo de estrategias y actividades de promoción de las normas universales de derechos humanos. La FIDH trabaja con sus organizaciones miembros y asociadas para vigilar, documentar y alertar a la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos.
Global Diligence Alliance (GD Alliance) es una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos que se dedica a crear una alianza legal global para combatir las formas más graves de injusticia social, racial, económica y medioambiental en el mundo. Global Diligence LLP, un bufete de abogados de interés público con sede en el Reino Unido, es miembro fundador de la Alianza GD.